Por: Fernando Salgado MD msc
Colombia se aproxima a la primera vuelta presidencial de 2026 en un momento de definición histórica. No asistimos a una simple contienda de nombres, sino a un ejercicio de realismo político donde la ciudadanía, con una madurez democrática encomiable, ha comenzado a anteponer el voto útil a las preferencias individuales.
Como describe Gary Cox en su teoría del comportamiento electoral, el votante colombiano está actuando de forma estratégica para maximizar la eficacia de su decisión frente a la fragmentación, convirtiendo la candidatura de Paloma Valencia en el eje de gravedad de una gran coalición institucional.
El electorado ha comprendido que la dispersión es el camino hacia la incertidumbre. Aquellos sectores que otrora se inclinaron por opciones de centro como las representadas por Sergio Fajardo o Claudia López, así como los matices progresistas pragmáticos, convergen hoy en una tesis común, la necesidad de recuperar la seguridad jurídica.
Esta migración masiva hacia la centroderecha no es una renuncia ideológica, sino un mandato de supervivencia del Estado. Según los estudios de Rodríguez-Raga y Basset, este comportamiento surge cuando se percibe una amenaza directa a la gobernabilidad.
En este contexto, Paloma Valencia emerge como la figura capaz de «coordinar diferencias sin destruirlas», aplicando el principio de Kenneth Boulding sobre la grandeza de las sociedades estables.
El crecimiento sostenido en los guarismos de Paloma Valencia se explica por una sinergia de fuerzas inédita, en primer lugar, la legitimidad política, con el respaldo de las bases de la Consulta por Colombia y por supuesto del centro Democrático.
En segundo lugar, el centro social al recibir el co-aval del Nuevo Liberalismo que aporta una visión de libertades civiles y calado regional y en tercer lugar, el rigor técnico con la incorporación de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial. Al sumar la visión estadística de Oviedo, la candidatura trasciende el discurso para convertirse en un plan de gerencia pública.
Esta transición del «dogma» al «dato» responde a lo que Anthony Downs denominaba la búsqueda del votante por minimizar los costos de incertidumbre tras años de improvisación administrativa. El desplazamiento del electorado se nutre del desencanto frente a la gestión del actual Ejecutivo.
El fracaso de la denominada «Paz Total», los escándalos de corrupción y decisiones que golpean la médula financiera del país como la politización de Ecopetrol, han transformado el malestar en una propuesta de orden.
Cuando la «joya de la corona» se ve amenazada por el ruido ideológico por encima del rigor técnico, el ciudadano busca refugio en la coherencia. Como advertía Hannah Arendt, el poder real surge cuando las personas actúan juntas bajo un propósito claro, hoy, ese propósito es proteger el patrimonio público de la volatilidad regulatoria.
Un fenómeno de alta relevancia es la reciente orfandad de las estructuras tradicionales. Ante el rechazo de figuras que optaron por un «purismo» que ignora la necesaria aritmética parlamentaria, las bases de los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical y de la U han encontrado en Valencia su opción más viable.
Desde la visión de la alta dirección del Estado, se entiende que no se puede gobernar contra el Congreso, sino con él. Mientras otros cierran puertas bajo premisas de aislamiento, Valencia se posiciona como el puente capaz de garantizar la estabilidad legislativa.
La legitimidad democrática, según Max Weber, requiere la adhesión de los cuerpos institucionales, Valencia ofrece un cauce de respeto por la tradición republicana que los sectores parlamentarios valoran por encima de la anarquía.
La dinámica actual sugiere que Colombia se encamina hacia un Gobierno de Convergencia Nacional. El fortalecimiento de esta coalición es la respuesta natural de un cuerpo social que busca anticuerpos contra la inestabilidad.
En palabras de Peter Drucker, «el mejor plan es aquel que convierte la visión en una responsabilidad compartida». El desafío final será transformar este impulso electoral en una política de Estado que devuelva al país la senda del crecimiento, la seguridad y la transparencia, consolidando una modernización institucional que deje atrás los experimentos dogmáticos.