La relación entre la Casa de Nariño y el búnker de la Fiscalía ha entrado en una fase de turbulencia máxima. Lo que comenzó como una política bandera del gobierno de Gustavo Petro —la Paz Total— se enfrenta hoy a su hora más crítica tras revelaciones que sugieren que la mesa de diálogo se ha convertido, para algunos, en un escudo para seguir delinquiendo.
Los Hechos: Los chats que rompen la confianza
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, ha tomado una distancia radical frente al Ejecutivo. Tras el hallazgo de pruebas técnicas (celulares y computadores incautados), la Fiscalía sostiene que alias Calarcá, negociador principal, habría ordenado delitos graves mientras participaba en las mesas de paz:
- Homicidios de líderes sociales.
- Reclutamiento forzado de menores.
- Extorsiones paralelas al diálogo.
- Infiltración en el Ejército, la Policía y la DNI.
El Ultimátum: Una semana para decidir
El pasado 27 de marzo de 2026, la Fiscalía notificó al Gobierno un plazo de una semana para que el propio Ejecutivo solicite la reactivación de las órdenes de captura contra Calarcá. El argumento jurídico es sólido: la Sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional establece que la suspensión de capturas es un beneficio condicionado al cese de hostilidades.
«Las cuentas con la justicia no se congelan por el hecho de estar en una mesa si hay evidencia de falta de voluntad de paz».
Si el gobierno no actúa, la Fiscal advirtió que lo hará de manera unilateral, lo que provocaría un choque de trenes institucional sin precedentes desde 1991.
Análisis: Entre el colapso y la Constitución
El dilema para el presidente Petro y el senador Iván Cepeda es asfixiante. Por un lado, argumentan que capturar a un negociador principal llevaría al colapso definitivo del proceso. Por el otro, mantener el beneficio ante pruebas de crímenes de guerra podría reactivar el examen de la Corte Penal Internacional sobre Colombia por falta de justicia efectiva.
¿Puede la paz estar por encima de la justicia penal cuando hay delitos flagrantes?. El costo de mantener a Calarcá en la mesa es, para muchos, la validación de una «doble cara»: negociar en las capitales mientras se asesinan los territorios.
Cierro mi libreta con estas preguntas:
Me gustaría leer sus opiniones en los comentarios sobre estos puntos que nos dejan pensando:
- ¿En qué momento la paz se convirtió en un permiso para seguir reclutando niños?.
- ¿Es este ultimátum la prueba de que la armonía entre la Fiscalía y la Presidencia se terminó?.
- ¿Qué prefiere el país: que se rompa la mesa de diálogo o que se rompa la Constitución?.
No se pierdan hoy: A las cinco en punto en Periodista Sin Filtro, conversaremos con el Dr. José Manuel Restrepo Abondano, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella. ¿Ya tienen sus preguntas listas?.