Bogotá D.C. – A simple vista, el mercado laboral colombiano parece haber iniciado el 2026 con el pie derecho. La Tasa de Desocupación (TD) se ubicó en el 10,9% en enero, una mejora de 0,8 puntos porcentuales frente al 11,6% registrado en el mismo mes de 2025. Sin embargo, el más reciente análisis de ANIF advierte que estas cifras son, en realidad, un «espejismo» que esconde un estancamiento en la contratación y un preocupante retiro de personas del mercado laboral.
Los factores detrás del número
La reducción del desempleo no se debió a un dinamismo extraordinario de la economía, sino principalmente a una menor participación laboral. Según el Centro de Pensamiento Económico, la Tasa General de Participación (TGP) aportó 0,7 pp a la caída del desempleo, mientras que la ocupación apenas contribuyó marginalmente.
Esto significa que el indicador bajó porque hay menos personas buscando empleo, no necesariamente porque se estén creando puestos de trabajo de calidad. Esta situación limita el ingreso de los hogares y compromete la sostenibilidad del sistema de seguridad social.
El freno en la creación de empleo
La tendencia de generación de nuevos puestos de trabajo muestra una desaceleración drástica:
- Enero 2025: Se crearon cerca de 878 mil empleos.
- Enero 2026: La cifra cayó a tan solo 324 mil nuevos puestos.
El impacto del salario mínimo y la informalidad
Uno de los puntos más críticos señalados por ANIF es el efecto del incremento sustancial del salario mínimo sobre los empleadores particulares. Este grupo, que suele ser el más sensible a los costos laborales, pasó de contratar 422 mil personas en enero de 2025 a prácticamente estancarse con solo 1.7 mil en enero de 2026.
Como consecuencia, el mercado está experimentando una «recomposición» hacia la informalidad. Los empleos que sí se están creando corresponden mayoritariamente a:
- Trabajadores por cuenta propia.
- Patrones o empleadores con alta probabilidad de informalidad.
Incertidumbre empresarial
El informe concluye que el futuro del empleo en 2026 dependerá de la cautela de las empresas para invertir. Políticas como el impuesto al patrimonio y las inversiones forzosas, sumadas a la presión del salario mínimo, actúan como barreras que limitan el margen de utilidades y, por ende, la capacidad de contratación formal en el país.