Por: Ricardo Galán
El reciente reconocimiento del “último” Secretariado de las FARC-EP ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no es un trámite más en el cronograma del Acuerdo de Paz de 2016.
Es, quizás, el enfrentamiento más crudo que ha tenido esa guerrilla con su propia degradación ética: admitir que el reclutamiento de niños y niñas fue una política institucionalizada y no una suma de «errores individuales» de mandos medios.
La caída del mito del «voluntarismo»
Durante años, la narrativa insurgente intentó matizar el reclutamiento bajo el eufemismo de jóvenes que buscaban refugio en sus filas huyendo de la pobreza o la violencia estatal. Hoy, esa versión se desmorona.
Rodrigo Londoño y Julián Gallo admiten con claridad que existió una política de reclutamiento de menores de 18 años, e incluso de niños menores de 15 años, quienes fueron sometidos a los rigores de la guerra. Y otros abusos que ban más allá.
Este paso es vital para la salud democrática del país. Al reconocer que se les arrebató la «esencia de su niñez» y se les impusieron decisiones de adultos, como la planificación obligatoria y el aborto forzado, el Secretariado finalmente valida el dolor que miles de víctimas han narrado durante décadas.
La responsabilidad por omisión y acción
Resulta particularmente relevante la confesión de Pastor Alape y los demás mandos sobre la «omisión en los deberes de control».
Admitir que permitieron violencias sexuales y tratos crueles por negligencia o falta de mecanismos de protección interna es un ejercicio de honestidad brutal que pone a la JEP en una posición definitoria: ¿cómo se repara un proyecto de vida que nunca llegó a ser?.
El desafío de la «Paz Total»
Este acto de perdón llega en un momento crítico para la «Paz Total» del gobierno promovida y dirigida por el Senador Iván Cepeda considerado el sucesor de Gustavo Petro.
Mientras los antiguos jefes de las FARC piden perdón, miles de niños en las zonas rurales de Colombia siguen hoy en riesgo de ser reclutados por nuevas estructuras criminales.
El mensaje de los firmantes es potente: «la guerra no es lugar para niños». Sin embargo, la efectividad de este reconocimiento dependerá de que las acciones restaurativas —como la búsqueda de desaparecidos y el acompañamiento a las comunidades— logren romper el ciclo de violencia que aún persiste.
El perdón es el inicio, pero la paz se construye con la verdad completa, incluso cuando esa verdad es vergonzosa. Colombia observa, y las víctimas, con toda legitimidad, esperan que este compromiso no se quede en la retórica de una audiencia, sino en la transformación real del territorio.