¿Qué pasa cuando un gobernante, en medio del afán por explicar una crisis, termina revelando sus cartas más profundas?. Ayer, el presidente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje en X (antes Twitter) sobre la crisis del impuesto predial que hoy tiene a departamentos como Santander, Boyacá y Cundinamarca en vilo.
Lo que a primera vista parecía una defensa técnica, resultó ser, tras leer entre líneas, una confesión sobre compromisos con las FARC, amenazas a la autonomía local y la sombra de grupos civiles organizados bajo el mando presidencial.
1. El Predial: ¿Necesidad fiscal o deuda con las FARC?
El presidente fue claro: el aumento de los avalúos catastrales no es un capricho, es una orden de la ley y, sobre todo, del Acuerdo de Paz.
- El trasfondo: Según el análisis del episodio, el reajuste rural es un compromiso directo con las FARC.
- El beneficio colateral: Se plantea que elevar el valor de las tierras rurales conviene a quienes hoy poseen grandes extensiones bajo figuras de testaferros, permitiendo que dichas propiedades adquieran un valor legal importante ante procesos de reparación o legalización.
- La realidad del campesino: Mientras el discurso oficial dice que esto es para que «los ricos paguen», en la práctica, pequeños productores ven cómo sus predios pasan de valer millones a miles de millones en papel, disparando impuestos complementarios como renta y patrimonio que no pueden costear.
2. De la protesta social a la «mano dura»
Resulta paradójico que el gobierno que llegó al poder impulsado por bloqueos y paros, hoy califique de «engaño» la protesta de los campesinos.
«Los bloqueos y la violencia son válidos cuando los organiza la izquierda, pero no se pueden permitir cuando se los organizan al gobierno de Petro».
Petro ha advertido que no tolerará el cierre de vías y, en un giro drástico de su discurso habitual, ahora defiende la ley para reprimir la protesta que antes protegía como un derecho sagrado.
3. La amenaza a la autonomía regional
Uno de los puntos más tensos del trino fue la advertencia a alcaldes y gobernadores. El presidente afirmó que los mandatarios locales que no presenten iniciativas para bajar las tasas de predial —aunque el problema real radique en el avalúo inflado por el IGAC— podrían salir de su cargo por orden suya.
Es fundamental recordar que el presidente no tiene la autoridad judicial para destituir alcaldes elegidos por voto popular, una lección que él mismo dio al país cuando fue destituido por la Procuraduría.
4. ¿Guardias libertadoras o comandos bolivarianos?
Quizás lo más preocupante es el llamado a las «guardias libertadoras» para abrir las carreteras. El uso de grupos civiles organizados (guardias campesinas e indígenas) para ejercer funciones de orden público evoca, inevitablemente, el modelo de los comandos bolivarianos en Venezuela.
En lugar de acudir a la Policía o al Ejército, el presidente amenaza con sacar a sus propias fuerzas de apoyo civil a la calle, lo que muchos interpretan como la formación de un brazo paramilitar bajo el control del Ejecutivo.
El radar político: Propuestas y rupturas
Más allá del predial, el panorama hacia 2026 empieza a decantarse:
- El fin del «Centro» en el Partido Verde: El partido ha girado radicalmente a la izquierda, apoyando a Iván Cepeda y forzando la salida de figuras como Catherine Juvinao y Katherine Miranda.
- El «Plan 10» de Paloma y Oviedo: Una alianza inusual que propone mano firme en seguridad (Plan 3030 con 60,000 nuevos efectivos) y una reforma social llamada «ahorro desde la cuna».
- Justicia en cuidados intensivos: El alcalde Galán denuncia que la impunidad en Bogotá es insostenible, con delincuentes cometiendo delitos mientras portan brazaletes de detención domiciliaria.
¿Estamos ante el despertar de un talante dictatorial o simplemente ante un gobierno desesperado por cumplir acuerdos externos? El trino del presidente nos ha dado las pistas suficientes para saber a qué atenernos en las próximas elecciones.
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