El reloj de la Ley de Garantías empezó a correr y, como es costumbre en la política colombiana, la administración pública entró en una carrera contra el tiempo. Un reciente informe de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría General de la República revela un panorama preocupante: solo en enero de 2026 se suscribieron 521.269 contratos bajo la modalidad de contratación directa, sumando una cifra astronómica de $32,88 billones.
Este «atracón» contractual tiene una explicación legal: la Ley 996 de 2005, que impone restricciones a la contratación directa desde el 31 de enero hasta junio, coincidiendo con el calendario electoral.
Sin embargo, la magnitud de las cifras este año sugiere que la maquinaria estatal operó a máxima capacidad para blindar sus procesos antes del cierre de la ventanilla.
Las cifras del «corre-corre» administrativo
El análisis de la Contraloría permite diseccionar dónde se concentró el gasto durante el primer mes del año:
- Poder Territorial: Las regiones lideraron el volumen de contratación con 348.495 contratos que sumaron $17,7 billones.
- Poder Nacional: Las entidades del orden nacional no se quedaron atrás, registrando 164.813 contratos por un valor de $14,87 billones.
- Corporaciones Autónomas: Aportaron 7.961 contratos valorados en $0,3 billones.
Lo más llamativo es el comportamiento durante la última semana de enero. El 45% del total del recurso se asignó en esos últimos siete días. El punto máximo se alcanzó el 30 de enero, el último día hábil antes de la restricción, cuando se adjudicaron $5,7 billones en una sola jornada.
El auge de las OPS: ¿Eficiencia o burocracia?
El informe pone el dedo en la llaga sobre una modalidad específica: las Órdenes de Prestación de Servicios (OPS). Según la Contraloría, estas representan el 96,2% del total de contratos firmados y el 67,9% del valor total contratado.
Al comparar el desempeño del actual gobierno con el mismo periodo de 2022, el salto es evidente:
| Periodo (01-30 enero) | Cantidad de Contratos (OPS) | Valor Contratado |
| 2022 | 103.563 | $5,4 billones |
| 2026 | 160.616 | $9,5 billones |
Esto representa un incremento sustancial del 64,48% en el número de contratos y del 75,14% en el monto total destinado a servicios personales en el orden nacional.
Análisis: Impacto y lupa preventiva
Este fenómeno no es solo una cuestión de trámites; tiene un impacto fiscal directo sobre los recursos asignados en el presupuesto nacional y las entidades respectivas. En un escenario de alta sensibilidad económica y con las elecciones en el horizonte, la transparencia de estos procesos queda bajo cuestionamiento.
La Contraloría ha anunciado que mantendrá un monitoreo permanente y preventivo para emitir alertas tempranas. La pregunta que queda en el aire para los ciudadanos es si esta avalancha de contratos responde a necesidades reales del servicio público o si es el resultado de una estrategia para asegurar compromisos antes de que la ley cierre la puerta.
Por ahora, los datos hablan por sí solos: el Estado colombiano gastó en un mes lo que equivale a varias reformas tributarias, concentrando gran parte de ese esfuerzo en las últimas 24 horas antes de la veda electoral.