Un juez del estado de Virginia notificó en las ultimas horas a las autoridades internacionales sobre la orden de captura contra el general retirado, Mauricio Alfonso Santoyo, exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, por sus presuntos nexos con actividades vinculadas al narcotráfico.
Un magistrado de la Corte de Virginia solicitó el arresto inmediato de Santoyo, bajo acusaciones de apoyar a la llamada ‘Oficina de Envigado’ y las AUC, en el envío y entrega de cargamentos de cocaína hacía Estados Unidos.
Primeras versiones indican que la justicia norteamericana ha logrado recopilar varias pruebas en contra del Oficial (R), además cuenta con testimonios de exoficiales que lo involucran a estas actividades ilicitas.
Los testimonios en contra de Santoyo lo señalan de recibir sobornos a cambio de información acerca del movimiento de las unidades policiales, así como operativos en contra el narcotráfico.
El oficial, también ha sido acusado por EEUU de aliarse con otros policías corruptos para ayudar en el envío de estupefacientes, y de alertar a los mafiosos sobre las operaciones de las autoridades para capturarlos o impedir la ejecución de sus negocios ilícitos. Además la justicia norteamerica señala que el policía además entregó a los criminales información necesaria para secuestrar, extorsionar y asesinar personas.
Según un artículo del periodista Daniel Coronell publicado en la revista Semana, entre los cargos, que le formula la Corte Federal del Distrito de Virginia al general Santoyo está el de asociarse con líderes de las llamadas AUC y la Oficina de Envigado para traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos, entre 2000 y 2008.
Recuerda que el 7 de agosto de 2002, el entonces coronel Mauricio Santoyo Velasco fue nombrado por el recién posesionado presidente Álvaro Uribe como su jefe de seguridad y agrega:
El presidente sostuvo a Santoyo en ese puesto contra viento y marea, a pesar de que la Procuraduría lo destituyó por su participación en interceptaciones ilegales, efectuadas años antes cuando era comandante del Gaula en Medellín.
En 2003, el Ministerio Público encontró que Santoyo y otros subalternos suyos habían efectuado chuzadas sin orden judicial a casi 2.000 líneas telefónicas y que algunas de esas interceptaciones habrían contribuido a la desaparición de los activistas de derechos humanos Claudia Monsalve y Ángel Quintero.
Luego Coronell señala: “Del 7 de agosto de 2002 al 7 de agosto de 2010, Santoyo fue un intocable. Ahora lo espera una orden de extradición y un juicio en Estados Unidos”.
Finalmente advierte que “el caso estuvo bajo estricta reserva por un tiempo. El ‘Motion to seal’ como se llama en la justicia americana la orden para mantener la confidencialidad explica: “La divulgación prematura de los cargos contra el acusado podría poner en riesgo las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con Colombia”.