Reforma a la Justicia: Consejo de Estado dice que es vergonzosa y el Polo anuncia demanda

Una serie de “micos” le colgaron a última hora los congresistas a la Reforma a la Justicia, hecho que el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez calificó como vergonzoso, mientras que la Misión de Observación Electoral (MOE), la consideró el camino a la impunidad.

El mico mas grande tiene que ver con la eliminación de todas las inhabilidades como causal de pérdida de investidura, hecho que significa que los congresistas legislaron a su favor.

En medio del candente debate que provocaron las decisiones tomadas por los congresistas en el proceso de conciliación de la reforma judicial, el Polo Democrático Alternativo anunció que la demandará ante la Corte Constitucional.

El senador de este partido, Luis Carlos Avellaneda, advirtió que la reforma se tramitó irregularmente y por ello buscará que la tumbe la Corte Constitucional.

A su turno, el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, califico como un “acto vulgar” y “vergonzoso” los cambios que a última hora le hicieron los congresistas a la reforma a la justicia.

El magistrado Gómez le pidió al presidente Juan Manuel Santos y a sus ministros que le expliquen al país el texto que finalmente salió del Congreso.

Según analistas, como el abogado Ramiro Bejarano, sin el régimen de inhabilidades como causal de ‘muerte política’ quedaría abierta la puerta para que quienes hayan sido condenados por delitos de diferente índole puedan llegar a la Cámara de Representantes o al Senado y contar con altas probabilidades de quedarse en el cargo, pues en caso de que les sea demandada la elección ante el Consejo de Estado, podrían pasar años antes de que se tome una decisión.

Lo mismo podrá pasar para quienes hayan incurrido en alguna de las ocho inhabilidades que contempla la ley, entre las que están haber sido contratista del Estado en periodos inferiores a un año antes de la elección, quienes tengan familiares en los primeros tres grados de consanguinidad, quienes hayan perdido la investidura o quienes hayan ejercido cargos públicos, entre otros.

Sin embargo, el senador ponente Eduardo Enríquez Maya, defendió la eliminación de las inhabilidades y dijo que era necesario hacerlo, porque estas aparecen ya como causales de nulidad en los procesos de tipo electoral.

De acuerdo con el texto de la enmienda, que pasa ahora a sanción presidencial, si a un congresista se le prueba una inhabilidad, procedería la nulidad de su elección, pero no la muerte política por haber hecho trampa.

Además para la perdida de investidura surtirá un proceso gradual, mediante el cual se prevé que sean suspendidos del cargo máximo por un año y en consecuencia no perderán su curul definitivamente.

En materia penal se estableció que los congresistas serán investigados y juzgados por dos nuevas salas en la Corte Suprema, totalmente independientes de la Sala Penal, que es la que ha llevado los procesos de la parapolítica.

Los legisladores solo podrán ser capturados cuando haya resolución de acusación y además, para poder denunciarlos se deberá presentar nombre, cédula y allegar pruebas.

Como consecuencia de la segunda instancia, que se surtirá en el Consejo de Estado en pleno, los casos deberán ser aprobados no por la mitad más uno de los magistrados, como sucede en todas las decisiones judiciales, sino por las tres quintas partes de la Sala, esto es por al menos 16 de los 27 magistrados que la integran y no por 14.

También se eliminó la inhabilidad de la que habla el artículo 110 de la Constitución, por lo que a partir de la fecha los servidores públicos, incluidos los congresistas, podrán financiar e invertir recursos en campañas y partidos.

CAMINO A LA IMPUNIDAD

La Misión de Observación Electoral (MOE), consideró que la reforma a la justicia abre el camino a la impunidad.

Según la MOE, “por su contenido más que una reforma a la justicia es una contra-reforma política a los logros alcanzados en los últimos años en la lucha contra la corrupción, y la relación entre política y grupos armados ilegales”.

El diario El Espectador publicó los puntos que según la MOE, abren el camino hacia la impunidad, así:

1. Incluir al procurador y al contralor dentro del antejuicio de responsabilidad política del congreso genera un círculo vicioso de impunidad entre los responsables de estas entidades y los congresistas.

“El Senado y Cámara de Representantes son los responsables de elegir al procurador y al contralor, respectivamente. Estos a su vez tienen como función investigar y sancionar disciplinariamente y fiscalmente a los congresistas. Con la modificación incluida en la reforma, el legislativo, mediante juicio político, habilita la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia inicie las investigaciones penales y disciplinarias contra estos dos funcionarios a través del nuevo procedimiento diseñado para aforados. Este nuevo diseño institucional, dentro del marco de la reelección del procurador General, desincentivará las sanciones disciplinarias contra los congresistas, al ser estos quienes pueden decidir su permanencia en el cargo”.

2. La exigencia de la presentación personal de los ciudadanos para denunciar a los aforados y la eliminación del principio de oficiosidad en las investigaciones restringe la iniciación de juicios políticos, penales y disciplinarios.

“Teniendo en cuenta la posición privilegiada en la sociedad y el poder que de ella derivan, y dada la naturaleza de los delitos por los que algunos aforados han sido investigados y condenados, establecer la obligación de que los denunciantes se deban identificar y no puedan actuar anónimamente en la práctica imposibilitará el inicio de las investigaciones y por ende las sanciones de los aforados. Es inaceptable que se elimine del juicio político el deber del Estado de perseguir la comisión de delitos y faltas disciplinarias por parte de funcionarios del más alto nivel.

Esto atenta contras las garantías de los ciudadanos en un Estado Democrático de Derecho, fomenta la impunidad y acentúa la falta de credibilidad institucional”.

Según la Corte Suprema de Justicia, cerca del 90% de las investigaciones por parapolítica han iniciado por actuaciones oficiosas o por la presentación de denuncias anónimas por parte de los ciudadanos.

3. Las graves modificaciones realizadas a la pérdida de la investidura la desnaturalizan y la hacen prácticamente inoperante.

“En materia de régimen de pérdida de investidura se aprobó la peor versión que ha sido debatida dentro de todo el trámite de la reforma; tomando lo más negativo tanto de Cámara como de Senado: se elimina la violación del régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura; se elimina la no toma de posesión del cargo como causal de pérdida de investidura; se incentiva la presentación de candidaturas “figura” o testimoniales defraudando la voluntad del elector; se establece la obligación de probar el dolo o la culpa del congresista, así como la graduación de la sanción; se impone el pago de las costas del proceso al ciudadano que desea proteger la moralidad pública, desincentivando la presentación de las demandas”.

4. El procedimiento adoptado para la investigación y juzgamiento de aforados en la Corte Suprema de Justicia hará prácticamente imposible la aplicación de la silla vacía y las sanciones de responsabilidad política de los partidos.

“Para los miembros del Congreso de la República, la Reforma Política de 2009 estableció como requisito para la aplicación de la silla vacía y de la responsabilidad de las organizaciones políticas, la emisión de sentencia condenatoria o imposición de medida de aseguramiento durante el periodo para el cual fueron elegidos. Estas sanciones serían prácticamente inoperantes debido a que: se amplía el periodo del proceso con la creación de una segunda instancia dentro de la etapa de investigación. Cuando lo que se pretendió desde un inicio era la doble instancia en el juzgamiento; se establece, injustificadamente, que la detención preventiva solo procede contra los aforados una vez exista resolución de acusación en firme. Para el caso del Congreso: “Voten mientras se los llevan presos; crean, injustificadamente, nuevos aforados: secretarios generales de Cámara y Senado”.

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