Procuraduría formuló pliego de cargos contra senador Merlano

Luego de analizar los elementos materiales probatorios recolectados por una comisión especializada en desarrollo de la indagación preliminar, la Procuraduría General de la Nación decidió citar a audiencia pública al senador sucreño Eduardo Merlano Morales por presunto tráfico de influencia.

El Ministerio Público encontró que con su conducta este servidor público posiblemente incurrió en una falta gravísima del Código Disciplinario.

En una comunicación, el Ministerio Público explicó que al congresista se le imputa el hecho de haber influido en los miembros de la Policía Metropolitana de Barranquilla, valiéndose de la investidura de Senador de la República.

De acuerdo con los elementos probatorios, no solo influyó en los uniformados que efectuaron el procedimiento policivo en un puesto de control de alcoholemia, sino en aquellos que en ese momento también laboraban en el Centro Automático de Despacho.
Lo que el congresista buscaba era evitar que se continuara con el procedimiento preventivo de inmovilización del vehículo que él conducía, además, sin licencia.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado domingo 13 de mayo en Barranquilla, cuando el senador Merlano Morales se negó a practicarse la prueba de alcoholemia requerida por los policías, valiéndose igualmente de su investidura parlamentaria.

“Los uniformados le solicitaron el examen de alcoholemia y posteriormente trataron de inmovilizarle el vehículo ante la negativa de la prueba, por considerar que el congresista posiblemente estaba en estado de embriaguez”, señala la comunicación de la Procuraduría.

De acuerdo con el Ministerio Público, el senador Merlano realizó varias acciones para evitar que los uniformados le inmovilizaran el vehículo, tales como: “persuadir a los agentes del orden público, manifestándoles constantemente que él era Senador de la República y que había sacado 50 mil votos; actos de intimidación, al decirles que le faltaban al respeto y que ellos no sabían nada del sector público, solicitándoles insistentemente que llamaran a los superiores para así eludir el procedimiento que hacían los policías de tránsito; y, por último, actos de amenaza al desafiarlos diciéndoles que les iba a anotar el número de las placas y chalecos para interponer una queja y afirmándoles que habían cometido faltas disciplinarias, cuando es claro que no es cierto”.

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