El escándalo por supuesta corrupción en la Corte Constitucional que involucra a su ex presidente, el magistrado Jorge Pretelt, resultó siendo la excusa perfecta para meterle, como se dice popularmente, «dientes» a la propuesta del Tribunal de Aforados, contemplado en el proyecto de ley de equilibrio de poderes que surtirá su segunda vuelta – quinto debate- en las sesiones ordinarias que arrancan este martes.
Según se ha conocido, el gobierno está evaluando retomar la propuesta de la senadora Claudia López de crear un Tribunal fuerte, que no sólo se dedique a investigar a los aforados -Fiscal, Procurador, Contralor y a los magistrados de las Altas Cortes- sino que los juzgue.
Este run run ya llegó a oídos de los magistrados quienes prendieron las «alarmas» por la posibilidad de que sean los congresistas quienes designen a los jueces que los juzgarán en el nuevo Tribunal de aforados.
De no lograrse aprobar dentro de equilibrio de poderes, el gobierno aplicaría un plan B: hacer el cambio mediante una nueva ley que reformaría a la justicia y que incluiría el nuevo tribunal para juzgar aforados.