Las recomendaciones de la ONU para una paz verdadera

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La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó su informe anual sobre la situación de derechos humanos en el país. En él, más allá de criticar al Estado y a los grupos armados ilegales, el organismo multilateral hace una serie de sugerencias al gobierno de Juan Manuel Santos para que las negociaciones que se desarrollan con las Farc en Cuba, y las que se encuentran en fase exploratoria con el Eln, constituyan bases sólidas para la construcción de la paz.

Como lo anticipó El Espectador este lunes, la principal de las recomendaciones hechas por la ONU gira alrededor de la justicia transicional. “Colombia debe desarrollar medidas judiciales y no judiciales para que la sociedad en su conjunto haga frente a las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario ocurridas en el pasado”, dice el documento.

Esas medidas consisten en “el reconocimiento de responsabilidades, el arrepentimiento, las garantías de no repetición y la participación en acciones transformadoras”, que, a juicio del organismo multilateral, “podrían vincularse con medidas de reducción o cumplimiento de penas alternativas, para todas las partes en el conflicto, teniendo en cuenta que no es posible la amnistía para el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otras violaciones graves de los derechos humanos”. Es decir, quienes hayan incurrido en esas conductas deberían ser condenados, sin embargo, podrían acceder a beneficios judiciales siempre y cuando colaboren con la consolidación de la paz.

Más allá de que resaltó expresamente el hecho de que las víctimas hayan viajado a La Habana (Cuba) a entrevistarse con las delegaciones del Gobierno y las Farc, la ONU sostiene que “las negociaciones deben tener en cuenta las diferentes perspectivas de aquellos afectados por el conflicto armado, como son las víctimas de violaciones y de desplazamiento, las mujeres, los defensores de derechos humanos, las comunidades étnicas y los niños utilizados por los grupos armados, y debe buscarse activamente su participación”.

Pero la oficina del Alto Comisionado también se ubicó en un eventual escenario de posconflicto y sugirió que “el Estado debe responder a la violencia por parte de grupos postdesmovilización vinculados al crimen organizado con un enfoque integral que tome en cuenta la seguridad pública liderada por la Policía, la lucha judicial contra la impunidad, la responsabilidad de los funcionarios públicos para evitar la corrupción y las medidas para luchar contra la pobreza y la exclusión”. E instó a atacar el caldo de cultivo de la criminalidad en el sentido en que el Gobierno “debe invertir en maximizar las oportunidades económicas y de trabajo para los jóvenes que les ofrezcan alternativas viables para no unirse a los grupos criminales”.

También destacó la importancia de una efectiva implementación de la Ley de Víctimas y llamó la atención de las entidades territoriales para que se interesen en la ejecución de las medidas reparadoras. “El Gobierno debe abordar los incentivos económicos y la falta de voluntad política en el ámbito local y explorar alternativas que reduzcan la burocracia e garanticen la participación directa de las víctimas”, señala el informe.

El organismo multilateral también pide que al Estado adopte rápidamente una política que vincule al sector privado al respeto integral de los derechos humanos; clamó para que el Gobierno invierta lo necesario para superar los bajos niveles de acceso al agua potable y al saneamiento básico y exigió al Estado firmar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Por el lado de las Farc y del Eln, las recomendaciones apuntan a que “deben respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario con respecto a las infraestructuras civiles, la población civil y aquellos miembros de las fuerzas armadas del Estado o de grupos armados organizados que no participen, o hayan dejado de participar, en las hostilidades. Asimismo deben cesar en la utilización de niños en sus filas”.

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