En política, las promesas suelen escribirse con tiza y borrarse con el primer trancón. El representante a la Cámara, Santiago Osorio, había asegurado que las movilizaciones contra los peajes serían estrictamente pacíficas y de carácter comunicativo, prometiendo que no se llegarían a «taponar» las vías. Sin embargo, la realidad en el asfalto dictó otra cosa: una vez aparecieron los manifestantes, el paso vehicular quedó completamente bloqueado en San Bernardo y en los peajes de Tarapacá 1 y 2. Detrás de las consignas ciudadanas, lo que realmente se asomó fue la sombra del oportunismo en pleno contexto preelectoral.
El choque contra la pared jurídica
Aquí es donde el discurso populista se estrella de frente contra la realidad legal. Quienes prometen el desmonte inmediato de las casetas lo hacen sabiendo —o prefiriendo ignorar— que actualmente no existe ningún acto administrativo, decreto o decisión jurídica oficial que ordene modificaciones sobre el esquema actual. La infraestructura pública no se maneja a punta de megáfono ni de emotividad. Las leyes 80 de 1993 y 1508 de 2012 son taxativas: cualquier modificación contractual debe contar con un soporte técnico, financiero y jurídico riguroso, blindando el equilibrio económico para evitar un millonario detrimento patrimonial del Estado.
A esto se suma que el fallo del Tribunal de Arbitramento de 2018 mantiene plena vigencia, garantizando la continuidad operativa de la concesión de Autopistas del Café hasta febrero de 2027. Forzar una terminación anticipada, como bien advirtió Claudia Pilar Calderón Acuña, presidenta de la Sociedad Caldense de Ingenieros Civiles, desataría litigios institucionales e indemnizaciones astronómicas que terminarían saliendo del bolsillo de los contribuyentes.
El verdadero costo social del sabotaje
Pero más allá de los códigos y los expedientes, lo verdaderamente preocupante es la ligereza con la que se juega con el bienestar de la región. Mientras algunos líderes políticos buscan la foto en el peaje para alimentar sus redes sociales , ponen en jaque un ecosistema vial que históricamente ha generado más de 56.000 empleos directos e indirectos. Actualmente, la operación sostiene de forma directa más de 300 empleos formales en las capitales del Eje Cafetero, plazas que se arriesgan innecesariamente en medio de la agitación.
La demagogia electoral suele olvidar que la región mantiene una altísima dependencia logística y comercial de su red vial. Frenar la estabilidad jurídica no solo tranca el tráfico de hoy; paraliza las iniciativas futuras de infraestructura que proyectan la creación de cerca de 8.300 empleos directos adicionales para los departamentos de la zona. Queda claro que el debate sobre el futuro vial y la revisión del modelo de peajes es necesario ; pero debe darse en mesas técnicas y canales institucionales , no bloqueando el desarrollo de una región entera para pavimentar aspiraciones políticas particulares.