La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en sesión extraordinaria, ha proferido una decisión que estremece los cimientos del legislativo colombiano. El alto tribunal acusó formalmente a cinco congresistas y un excongresista por el presunto delito de cohecho impropio, señalándolos de haber comprometido sus funciones constitucionales a cambio de beneficios personales.
La medida más drástica recae sobre los representantes Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte, contra quienes se dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Por su parte, los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera continuarán vinculados al proceso en libertad.
El «Peaje» de los Créditos Públicos
La investigación se centra en hechos ocurridos durante el segundo semestre de 2023. Según el expediente, los procesados —en su calidad de miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público— habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda.
La presunta negociación consistía en dar concepto favorable a operaciones de crédito de interés para el Gobierno Nacional a cambio de una contraprestación específica: el impulso de contratos y obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) localizados en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar.
«En los encuentros documentados por la Sala, se habrían definido los montos con los que representantes del ejecutivo beneficiarían a los congresistas para comprometer su función», señala el documento oficial.
Suspensión de Cargos
Tras la contundencia del material probatorio recaudado, la Corte Suprema de Justicia procederá a notificar al Congreso de la República para que se haga efectiva la suspensión de los investigados de sus cargos actuales. Una vez la decisión quede ejecutoriada, el proceso pasará a la Sala Especial de Primera Instancia para la etapa de juicio.
Quienes son los implicados
Para entender la magnitud del escándalo que hoy sacude al Capitolio, es necesario analizar quiénes son los seis políticos que, según la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, habrían convertido su poder de veto en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público en una moneda de cambio.
Aquí presentamos el perfil y el contexto político de cada uno de los implicados:
Con Medida de Aseguramiento (Prisión)
- Wadith Alberto Manzur Imbett (Partido Conservador):
- Perfil: Representante a la Cámara por Córdoba desde 2018 y recientemente electo senador. Es hijo del exsenador Julio Manzur.
- Rol en el caso: La Corte ordenó su captura inmediata en centro carcelario. Se le señala de aceptar dádivas a cambio de facilitar conceptos para operaciones de crédito del Ministerio de Hacienda durante el segundo semestre de 2023.
- Karen Astrith Manrique Olarte (Curules de Paz – CITREP):
- Perfil: Representante a la Cámara por la circunscripción de paz de Arauca (Asociación de Víctimas Intercultural y Regional).
- Rol en el caso: También cobijada con medida de aseguramiento carcelario. Es señalada como una de las piezas clave en la negociación de contratos de la UNGRD en su departamento como contraprestación por sus votos en la comisión.
Vinculados en Libertad
- Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador):
- Perfil: Senadora por Córdoba y economista. Posee una larga trayectoria en el sector público, habiendo sido Secretaria de Hacienda y Gobernadora encargada de su departamento.
- Implicación: Seguirá el proceso en libertad, pero será suspendida de su cargo según la instrucción de la Sala.
- Juan Pablo Gallo Maya (Partido Liberal):
- Perfil: Senador por Risaralda y exalcalde de Pereira (2016-2019). Es uno de los barones electorales del Eje Cafetero.
- Implicación: Aunque sigue en libertad, la Corte encontró méritos suficientes para acusarlo formalmente por cohecho impropio.
- Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal):
- Perfil: Representante a la Cámara por Antioquia desde 2018. Abogado con fuerte presencia en el Valle de Aburrá.
- Implicación: Integrante de la Comisión de Crédito Público bajo sospecha de haber condicionado sus funciones a cambio de obras de interventoría en proyectos de la UNGRD.
- Juan Diego Muñoz Cabrera (Excongresista – Alianza Verde):
- Perfil: Representante a la Cámara por el Meta que renunció a su curul en febrero de 2024. Previamente fue Secretario de Educación del Meta.
- Implicación: Pese a haber renunciado al Congreso, la Corte mantiene la competencia y lo acusa como parte del esquema de corrupción documentado entre el Ejecutivo y el Legislativo.
El «Botín» bajo investigación
Según la Corte Suprema, estos congresistas habrían pactado beneficios en tres frentes geográficos específicos de la UNGRD a cambio de su labor en la Comisión de Crédito Público:
| Departamento | Tipo de Beneficio Presunto |
| Córdoba | Impulso de contratación y obras de interventoría |
| Arauca | Gestión de proyectos de riesgo y desastres |
| Bolívar | Acuerdos sobre asignación de recursos y contratos |
El Impacto Institucional
La decisión de la Sala Especial de Instrucción no solo implica la cárcel para dos de ellos, sino que obliga al Congreso a aplicar la suspensión inmediata de sus funciones. Este caso es una de las piezas centrales del rompecabezas de corrupción que involucra a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y su relación con el trámite de leyes y créditos en el Capitolio.