El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, señaló que que en los últimos cinco años se han registrado 807 sanciones disciplinarias ejecutoriadas contra concejales de todo el país, por conductas que atentan contra el ejercicio ético de la actividad democrática local.
Ordoñez indicó que las faltas de mayor frecuencia son la extorsión a los alcaldes para la aprobación de proyectos o facultades para contratar; el no atender el procedimiento legal o reglamentario en el trámite de acuerdos o elección de funcionarios; la inadecuada ejecución del presupuesto asignado; la extorsión a funcionarios y contratistas; el no atender el régimen de incompatibilidades en el trámite de acuerdos, ni el régimen de inhabilidades y prohibiciones, y el aprobar acuerdos abiertamente contrarios a la ley.
El jefe del Ministerio Público insistió en que todas estas conductas son prevenibles, con el asesoramiento y acompañamiento permanente de las autoridades nacionales y con la participación de las asociaciones gremiales que representan a los concejales y que están constituidas para ayudarlos y apoyarlos.
El jefe del Ministerio Público hizo un contundente llamado a los cabildantes, quienes ejercen el control político en el ámbito municipal, para que actúen de manera eficaz en la lucha contra la corrupción con acciones que beneficien a la sociedad.
Conductas sancionables
Las declaraciones de Ordoñez se dieron en el marco de la clausura del X Congreso Nacional de Capacitación a concejales, ediles y demás servidores públicos, que se realizó en Bucaramanga (Santander) con la asistencia de más de 2.000 concejales de todo el país.