La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) pidió al Gobierno Nacional no romper la institucionalidad del sector infraestructura, tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre compensar el déficit fiscal con recortes a la inversión en concesiones viales ya contratadas y con la devolución de recursos administrados en fiducias.
Según el gremio, estas declaraciones generan una señal negativa para inversionistas y financiadores, al introducir incertidumbre jurídica sobre contratos vigentes y compromisos previamente adquiridos por el Estado.
Recursos en fiducias no son excedentes fiscales
La CCI aclaró que los recursos administrados a través de fiducias en proyectos concesionados no corresponden a dineros disponibles ni a excedentes fiscales. Se trata de recursos con destinación específica, asociados a contratos vigentes, cuya finalidad es garantizar la ejecución de obras estratégicas.
“Su naturaleza jurídica y funcional es clara y está directamente vinculada al cumplimiento de obligaciones contractuales adquiridas por el Estado”, señaló el gremio.
Además, desmintió la cifra mencionada por el presidente Petro. De acuerdo con Juan Martín Caicedo, presidente ejecutivo de la CCI, los recursos disponibles no ascienden a $18 billones.
“Los dineros que hoy están disponibles para el pago de obras que se entregan gradualmente suman cerca de $6,5 billones y están debidamente administrados por las fiducias para garantizar la ejecución de los proyectos”, precisó.
¿La infraestructura como variable de ajuste fiscal?
Para la CCI, el planteamiento del Gobierno marca un punto de inflexión al introducir la infraestructura como variable de ajuste fiscal. La exhortación a que los concesionarios devuelvan recursos fiduciarios representa un giro de fondo en la relación entre el Estado y el modelo de concesiones.
El gremio considera paradójico que, mientras el presidente Petro ha insistido en la necesidad de saldar deudas del Estado, ponga en duda el desembolso de vigencias futuras, que constituyen compromisos soberanos de pago asumidos por parte de la Nación.
Antecedentes que elevan la incertidumbre
La CCI advirtió que estas señales no son aisladas. Como antecedente citó la terminación anticipada del contrato de concesión del corredor de carga entre Barranquilla y Cartagena, decisión que derivó en la reversión del proyecto al Estado y que impacta la conectividad, la logística y la competitividad de una región estratégica.
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A esto se suman los anuncios sobre Autopistas del Café. La posibilidad de una terminación anticipada del contrato y la eliminación de los peajes se planteó sin que exista, hasta ahora, una prerrogativa contractual que lo permita.
Aunque el contrato sigue vigente, el gremio advirtió que el solo anuncio ha generado incertidumbre jurídica y ha afectado la planeación del proyecto.
Recortes a proyectos estratégicos
El gremio también alertó sobre el recorte de vigencias futuras en dos proyectos estratégicos: el Canal del Dique y la vía Mulaló–Loboguerrero. La reducción de recursos, cercana a $1 billón, compromete, según el gremio, obras clave para la competitividad, la seguridad hídrica, la conectividad del suroccidente y el comercio exterior.
La CCI subrayó que estos recortes debilitan la planeación de largo plazo y desconocen el marco jurídico que obliga al Gobierno a garantizar los recursos necesarios para proyectos ya estructurados.
Agregó que eventuales retrasos no son atribuibles a las concesiones, sino a decisiones medioambientales que dependen exclusivamente del Gobierno Nacional.
El papel social de la infraestructura
La Cámara recordó que las concesiones viales son un instrumento de política pública con una profunda función social. Las obras impactan directamente a millones de personas en las zonas de influencia, mejoran la seguridad vial, reducen tiempos de desplazamiento y facilitan el acceso a regiones históricamente rezagadas, además de incorporar políticas de compensación ambiental.
Entre los impactos destacados del modelo concesionado, la CCI enumeró cerca de 1.100 programas de sostenibilidad ambiental, la siembra de casi 3 millones de árboles, inversiones ambientales por $1,2 billones, el hallazgo de 2,5 millones de elementos arqueológicos, la gestión de 21.560 predios a nombre del Estado y más de 800 programas sociales, con una inversión social superior a $117.000 millones que ha beneficiado a más de 1,6 millones de personas.
Un llamado a preservar la institucionalidad
Para la CCI, terminaciones anticipadas, anuncios que contrarían el ordenamiento jurídico, recortes presupuestales y exhortaciones fiscales configuran un mismo patrón que pone en riesgo la seguridad jurídica, la confianza inversionista y la estabilidad de un modelo clave para el desarrollo del país.
El gremio reiteró que defender la institucionalidad del sector no es proteger intereses particulares, sino salvaguardar la ejecución de obras públicas, la confianza en las reglas del juego y la capacidad del Estado para planear el desarrollo a largo plazo. Por ello, hizo un llamado a mantener la infraestructura como una política de Estado y no como una herramienta coyuntural de ajuste fiscal.