El Gobierno de Gustavo Petro anunció la próxima publicación de un proyecto de decreto que reducirá el límite de inversiones en el exterior de los fondos privados de pensiones del 49% al 30%. Más de 18 millones de trabajadores afiliados a estos fondos se verán afectados por la nueva regulación, que obligará a repatriar los recursos excedentes en un plazo máximo de cinco años, con una meta ideal de cumplimiento en tres años, según el ministro de Hacienda, Germán Ávila.
El funcionario destacó el enfoque gradual de la medida y confirmó a Caracol Radio que “esta semana se publica el proyecto de decreto. Se va a conocer y se va a publicar esta semana”. La política tiene como objetivo redirigir entre $120 billones y $250 billones que están invertidos fuera del país hacia la economía local, lo que fortalecería así la inversión y el financiamiento interno.
Desde el Ejecutivo, el argumento central es utilizar el ahorro pensional para fortalecer la economía nacional. El presidente Gustavo Petro, por medio de X, afirmó que “bajo condiciones de bajo ahorro, es una estupidez sacar nuestro poco ahorro. Buena parte del ahorro de las familias se da en el fondo de pensión; por tanto, es conveniente para la economía del país traer ese ahorro. Debe hacerse progresivamente, estoy de acuerdo. Lo peor es detener el flujo anual”.
La implementación del ajuste regulatorio recaerá solo sobre las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y los cotizantes activos; los pensionados actuales no se verán afectados. El Ministerio de Hacienda ratificó que la transición para adecuar los portafolios de inversión será de hasta cinco años, aunque el objetivo del Gobierno es culminarla en tres.
De qué dependen los límites para invertir
Y es que en la actualidad, los límites para invertir fuera del país dependen del perfil de riesgo del afiliado, lo que llega hasta un 70% para perfiles de riesgo alto y un 40% para perfiles conservadores. Con el nuevo tope del 30%, las AFP tendrán que reformular la composición de las carteras, lo que podría forzarlas a liquidar activos en mercados internacionales.
El anuncio del decreto generó preocupación en el sector de fondos de pensiones y entre distintos analistas. En diciembre de 2025, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, advirtió sobre el posible impacto adverso en la rentabilidad de los trabajadores y sobre la tasa de cambio, señalando que una repatriación acelerada podría desencadenar ventas forzadas de activos internacionales.
Dólar en Colombia a $2.500
Ahora, la exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera (URF) Mónica Higuera, crítica declarada de la medida y por lo que renunció al cargo, hizo varios cuestionamientos en X:
“¿Alguien ha calculado realmente qué pasaría con la TRM si se repatriaran USD125 billones en ahorros pensionales? ¿Estamos dispuestos a ver un dólar a $2.500 solo por ‘traer la inversión al país’? El ahorro de los colombianos no es un botón de pánico macroeconómico”.
Cuatro objeciones contra el proyecto de decreto
Desde la perspectiva técnica, la consultora Integral Soluciones Pensionales (ISP) planteó cuatro objeciones principales al proyecto de decreto:
La medida vulneraría el derecho de propiedad y de ahorro, amparados en los artículos 58 y 335 de la Constitución. Los fondos pertenecen exclusivamente a los afiliados, y forzar la liquidación internacional perjudica el encargo fiduciario y puede implicar vender activos rentables en condiciones desventajosas.
Una mayor concentración en instrumentos locales incrementa el riesgo y podría agotar las reservas ante crisis financieras, poniendo en peligro el principio de sostenibilidad exigido por el artículo 48 de la Constitución y la protección para la vejez.
Restringir la diversificación internacional es una medida regresiva, que reduce la protección frente a la inflación, la devaluación y la volatilidad cambiaria. Esto disminuye la capacidad de los fondos para proteger el poder adquisitivo de los pensionados.
El Gobierno pretende modificar el régimen legal del ahorro pensional mediante un decreto, con lo que supera así sus atribuciones reglamentarias y contrariando la Ley 100 de 1993, que garantiza la diversificación del riesgo en la gestión de los fondos de pensión.
Por esta razón, la consultora propuso que las AFP consideren inaplicar el decreto y busquen su nulidad en el marco legal correspondiente.