“El Estado reconoce su responsabilidad internacional por la desaparición forzada de Arles Edisson Guzmán Medina”. Esas palabras las estaba esperando Luz Enith Franco desde el 30 de noviembre de 2002. Ese día vio por última vez a Arles, su esposo. Ese día, ese día aciago, unos hombres se lo llevaron a la fuerza y le dijeron que pronto se lo “devolverían”. Entonces comenzó una búsqueda llena de incertidumbre que no ha concluido, pero que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
En ese escenario, este 31 de enero, el Estado al fin reconoció su responsabilidad por el sufrimiento que ha atravesado la familia del desaparecido, un caso histórico no solo por la complejidad de la búsqueda sino que por primera vez llega a este tribunal un proceso de estas características.
Este es el primer caso por desaparición forzada en la comuna 13 que llega a la Corte. El Estado, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no abrió a tiempo la investigación de oficio por esta desaparición. Y, según la defensa de Luz, tampoco cumplió con las recomendaciones de reparación que hizo este órgano. Por eso tiene lugar la audiencia en la Corte, porque es la máxima instancia cuando las internas no operan.
“Yo le pido a la Corte que no me vayan a dejar sola. Llevo 20 años buscando a mi esposo, espero que por favor sigan buscando. Tengo muchas cosas por decir porque hoy estoy reviviendo ese día. El Estado colombiano tiene que pagar y hacerse responsable por lo sucedido en Comuna 13, espero que no me dejen sola, porque yo necesito seguir buscando a mi esposo”, dijo en la diligencia judicial Luz Enith Franco Noreña. “Quiero que sigan escarbando en La Escombrera, no solamente yo tengo este caso, muchas mujeres están luchando como yo. Para mí ese lugar significa la esperanza de poder aliviar un poco lo que siento”, continuó.
Los magistrados dieron la palabra a la defensa de la víctima, representada por María Victoria Fallón, quien hace parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Fallón hizo un recuento de las dificultades que han tenido que atravesar los familiares de Arles en la búsqueda de la verdad. La defensora expuso cómo a comienzos de los 2000 llegó una “nueva violencia” a la Comuna 13. Esta era ejercida por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.
Hoy, tantos años después, las consecuencias de esa violencia se miden en la desaparición de cientos de personas, muchas de ellas presumiblemente enterradas en fosas en el sector conocido como La Escombrera, en la parte alta de la comuna.
Fallón expuso cómo miembros del Estado colombiano trabajaron en aquiescencia con el grupo Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia. Ese grupo armado estaba entonces dirigido por Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, quien desde una prisión de Estados Unidos aceptó en 2014 la responsabilidad, por línea de mando, de la desaparición de Arles Edisson.
Pues bien, Fallón recalcó la colaboración de los agentes estatales con el grupo paramilitar para ejecutar la Operación Orión, en medio de la cual desapareció Arles. Pero la responsabilidad del Estado colombiano, para la defensa, no va solo en la aquiescencia con el Cacique Nutibara, sino que va hasta la falta de diligencia para impartir justicia. Y es que el caso apenas fue revisado hasta 2009, siete años después de los hechos.
Después de la defensa tomó la palabra Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Su intervención comenzó con la búsqueda que la Jurisdicción Especial para la Paz está haciendo en La Escombrera. Es decir, relatando los esfuerzos que hoy se están haciendo para encontrar los cuerpos de desaparecidos.
Una vez concluido ese tema, Zamora, en representación del Estado, reconoció la culpa de la desaparición forzada de Arles Edisson. “Arles fue desaparecido con aquiescencia del Estado, por lo tanto, el Estado reconoce su responsabilidad internacional por la desaparición forzada de Guzmán Medina. También reconoce falta de diligencia, respuestas inadecuadas, falta de articulación de los encargados de la investigación”, dijo.
Y es que, en efecto, como lo denunció la representante de las víctimas, el Estado no solo es responsable por el hecho, sino también por la falta de diligencia para aclarar lo sucedido y la reparación de las víctimas. “Reconozco que la falta de diligencia del Estado causó sufrimiento a la familia de Arles Édinson Guzmán. Por lo anterior, el Estado se compromete con todas las acciones necesarias para dar con su paredero”, agregó.
Finalmente, el Estado dijo que se comprometería a acatar las acciones de reparación que ordene la corte.
En la audiencia estuvo Henry, el hermano de Arles. “Me arrebataron a mi hermano menor. Un hombre honesto, divertido. Le arrebataron todos sus sueños. Vivo lleno de impotencia y desesperación por no saber qué pasó con él. Todos los días me hago preguntas. Ustedes me lo enterraron, me lo tienen que desenterrar”, dijo.
La Corte dio plazo hasta el 3 de marzo, de manera impostergable, para que las partes entreguen sus alegatos finales. Después de eso, los magistrados fallarán y se hará historia.