BOGOTA, 18 de noviembre_ RAM_ Con 68 votos a favor, siete en contra y uno en blanco los camioneros le dijeron si a una nueva inmovilización nacional que arrancará a las 00:00 horas del próximo viernes 23 de noviembre en todo el país.
Durante cuatro horas y media, en la Terminal de Transportes de Manizales, estuvieron reunidos los diferentes líderes de las agremiaciones camioneras, quienes expusieron las dificultades actuales de ese gremio transportador y el ambiente en el que están con el Gobierno Nacional.
En las intervenciones de los líderes de cada agremiación siempre estuvo presente el punto de la falta de intención política y efectividad. Exponen que el gremio transportador ya está cansado de las mesas de trabajo, actos administrativos, decretos y resoluciones que al final no le dan solución a las problemáticas que tienen desde hace varios años atrás.
Felipe Muñoz Monroy líder de la ATC señaló que ni el Ministerio ni la Superintendencia de Puertos y Transportes ejecutan las acciones para aterrizar soluciones a este sector transportador.
“Hay soluciones que no necesitan de dinero, sino de voluntad política y tampoco están avanzando. Esos temas son los vehículos mal matriculados que están trabajando de forma desleal en el mercado, las condiciones laborales de los conductores, entre otras. Son cuestiones de voluntad de hacer ejecuciones inmediatas”, expresó Muñoz Monroy.
El líder responsabiliza al gobierno de esta inmovilización por la falta de efectividad y agrega que pareciera que al interior del gobierno no hubiera comunicación entre el presidente y sus ministros.
“Pareciera que estuvieran llevando a los camioneros a una inmovilización. Estamos en una situación tan grave y le suben al combustible y los peajes. Parece que en los consejos de ministros no se hablan entre ellos y no comprenden la situación socioeconómica del sector transportador”, indicó el líder.
Otro de los líderes camioneros, Jorge García, explicó que sumadas a esas dificultades también están temas como la tabla de fletes, la chatarrización y el Iva que tiene pensado el gobierno grabarle a los transportadores de carga.