BOGOTA, 10 de Abril _ RAM_ Después de surtir el trámite de imputación de cargos por los delitos de peculado por apropiación a través de terceros y celebración de contrato sin requisitos legales, ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación acudirá ante la Corte Suprema de Justicia para acusar formalmente ante la corporación a la excontralora Sandra Morelli Rico, dando continuidad al proceso que se le sigue por presuntas irregularidades en el contrato de arrendamiento de la nueva sede de la Controlaría en el edificio Gran Estación II.
La audiencia de formulación de acusación en contra de la excontralora fue programada para el próximo jueves 16 de abril a partir de las 8:30 de la mañana, en donde se le acusará por el detrimento patrimonial por más de $12.000 millones de pesos, violación al principio de planeación y por actuar con indiferencia ante las consecuencias que podría tener el contrato de arrendamiento del edificio en donde funcionaba el órganos de control, al no tener y no cumplir con los requisitos mínimos de legalidad.
La ponencia de acusación estará a cargo del magistrado Eyder Patiño, en la que la Fiscalía le solicitará a la sala penal del alto tribunal que ordene una prohibición para que Morelli Rico no pueda salir del país.
El año pasado ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía General imputó cargos a la ex Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, por las presuntas irregularidades en que incurrió al realizar contratos para el cambio de sede de la entidad.
Según la fiscalía, tras reafirmar la imputación por celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, que ya le había hecho, ahora estableció que Morelli incurrió en posible violación del principio de transparencia, además de afectar el principio de selección objetiva y de desconocer el principio de planeación porque presuntamente no se adelantaron los estudios técnicos para establecer si los dos edificios ubicados en el centro de Bogotá en los cuales funcionaba anteriormente la Contraloría presentaban fallas estructurares que impidieran que la entidad siguiera allí.
Según el recurso de acusación interpuesto por la la Fiscalía, Morelli resultó vendiendo las antiguas edificaciones por 12.000 millones de pesos, cuando su avalúo catastral ascendía a 34.000 millones de pesos.
Por otra parte, en ese mismo año, el Tribunal Superior de Bogotá avaló la decisión de un juez de la capital de la república de no cobijar con medida de aseguramiento a la excontralora Sandra Morelli Rico dentro del proceso que se adelanta en su contra por las presuntas irregularidades que incurrió en el contrato de arriendo de la nueva sede de la Contraloría y la venta del viejo edificio que ocupaba ese organismo estatal.
El fallo del Tribunal no es apelable y y por lo tanto la exfuncionaria enfrentará en libertad la etapa del juicio convocado por la fiscalía, de acuerdo con el escrito de acusación que radicó el pasado martes por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso homogéneo, y peculado por apropiación en favor de terceros.
El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Fernando León Bolaños Palacios, confirmó su decisión de abstenerse de imponer medida de aseguramiento, por considerar que no fueron suficientes los argumentos de la Fiscalía para inferir que la ex funcionaria representa un peligro para la sociedad.
Bolaños afirmó que estando en libertad Morelli no afectará ni influenciará en el proceso penal en su contra. Además, el magistrado estableció que la excontralora puede retornar al país para enfrentar el proceso, pues considera que existen plenas garantías.