Por Oscar Montes
Siempre que un gobierno se embarca en una negociación con los grupos armados ilegales, sean de extrema izquierda o de extrema derecha, tiene altísimas probabilidades de salir chamuscado.
A Belisario Betancur aún le siguen cobrando el fracaso de los diálogos con las Farc y hasta el genocidio de la UP. A Andrés Pastrana lo perseguirá el fantasma del Caguán hasta sus últimos días. Álvaro Uribe tendrá que seguir cargando el bacalao de haber negociado con los grupos paramilitares, razón por la cual sus enemigos lo señalan de haber entregado el país a Mancuso y sus socios.
El único Presidente en los tiempos recientes que se le midió a negociar con grupos armados ilegales y salió bien librado de esa empresa ha sido Virgilio Barco, quien logró desmovilizar al M-19, el EPL, el Quintín Lame, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y la Corriente de Renovación Socialista (CRS) disidencia del ELN. Hasta el momento todos los que han negociado la paz –los que han fracasado y los que han triunfado– se sentaron a la mesa sin tener un Marco Legal para la Paz, herramienta que el gobierno de Juan Manuel Santos considera vital para lograr la desmovilización de los grupos guerrilleros. Dicho Marco acaba de ser aprobado por el Congreso de la República, y el propio Santos agradeció ese gesto a los parlamentarios. “Gracias al Congreso por aprobación de normas que podrían permitir terminación del conflicto”, escribió en su cuenta Twitter.
Analistas a quienes consulté para escribir este artículo coinciden en reconocerle a Santos su compromiso de buscar herramientas para superar el conflicto armado mediante una negociación con los grupos guerrilleros, pero advierten que la sola voluntad no es suficiente.
De hecho, Alejo Vargas plantea en su columna habitual que ahora el Gobierno requiere de una política de paz, que sigue siendo la gran ausente hasta ahora. A no ser que Santos empiece a diseñarla a partir del Marco Legal para la Paz, que es algo así como comprar la silla sin tener el caballo.
¿Qué tanto perdón y qué tanto olvido?
Tanto los promotores del Marco Legal para la Paz, como sus detractores, coinciden en afirmar que toda negociación con grupos alzados en armas requiere de una buena dosis de impunidad, que es la zanahoria que lleva a la mesa a quienes se han levantado contra el Estado.
De manera que ofrecer indultos y amnistías no es tan descabellado como quieren hacerlo ver los enemigos de la iniciativa, pues se supone que el perdón y el olvido es la retribución del Estado a quienes abandonen las armas para reinsertarse a la sociedad civil y se comprometen a no volver a delinquir.
Si bien es cierto que en el pasado esas figuras permitieron que jefes guerrilleros hicieran política –caso Navarro Wolff, del M-19– la normatividad internacional cambió drásticamente en los últimos años y el país adquirió compromisos que hoy por hoy imposibilitan que quienes estén señalados de delitos de Lesa Humanidad puedan gozar de ese tipo de beneficios, así como el de llegar a ser elegidos popularmente. No ocurrirá lo mismo con los combatientes de base, pues da por descontado que ellos obedecían órdenes de sus superiores.
Las bandas criminales no gozarán de ningún tipo de beneficio
Las llamadas bandas criminales (bacrim), organizaciones armadas ilegales que surgieron de la desmovilización de grupos de autodefensas, quedaron por fuera de cualquier tratamiento político dentro del Marco Legal para la Paz.
Y es apenas natural que así sea, puesto que sus delitos carecen de cualquier justificación política y tienen en el narcotráfico la única razón de su existencia. No obstante, la pregunta que surge, y que deberá ser aclarada tanto por las autoridades como por los delegados del Gobierno en una eventual negociación con los grupos guerrilleros, tiene que ver con el tratamiento que recibirán aquellos grupos subversivos que hayan realizado algún tipo de alianza criminal y comercial con bandas criminales, como ha sido denunciado de manera reiterada por las autoridades.
Es evidente, además, que cada día son mayores los vínculos de los frentes de las Farc con el negocio del narcotráfico, hasta el punto de que organismos de seguridad de Estados Unidos no dudan en referirse a ellas como un “cartel de la droga”. Llegado el momento, ese será, sin duda alguna, uno de los grandes dilemas que tendrán que resolver los negociadores del Gobierno.
¿Veremos algún día a Timochenko en el Congreso?
Si bien es cierto que el ponente del Marco Legal para la Paz, senador Roy Leonardo Barreras, ha dicho en todos los tonos que el jefe de las Farc Timoleón Jiménez, alias Timochenko, no llegará al Congreso de la República, quienes se han opuesto a la iniciativa, entre ellos el senador Juan Carlos Vélez Uribe, afirman que la “suspensión de la condena”, contemplada en el Marco Legal para la Paz, podría prestarse para interpretaciones erróneas que podrían permitir la llegada de los jefes guerrilleros al Parlamento.
Es decir, las posibilidades de que Timochenko llegue al Congreso son remotas, pues los estándares internacionales sobre los llamados delitos de Lesa Humanidad harían imposible que algo así pueda llegar a suceder. A diferencia de la negociación que hizo el gobierno de Álvaro Uribe con los grupos paramilitares, que dejó por fuera de los beneficios a los combatientes de base, quienes terminaron reagrupándose en las llamadas bacrim, el Marco Legal para la Paz invierte la pirámide y se encarga de ofrecer garantías a las bases guerrilleras, cuyo comportamiento obedecería al cumplimiento de órdenes superiores.
El Gobierno ya tiene la silla, pero le hace falta el caballo
La razón por la cual el Gobierno le apostó a la elaboración de un Marco Legal para la Paz en tiempos de guerra y no en medio de una negociación es, precisamente, para tratar de librarse de la presión que reciben las partes desde el momento en que deciden sentarse en la mesa de negociación.
En ese sentido, el Marco lo que hace es fijar las reglas ‘antes de’ y no ‘durante o después de’. Esa es la razón por la cual el Marco Legal para la Paz luce demasiado generoso con las organizaciones guerrilleras, especialmente con aquellos combatientes que no hayan cometido genocidio, crímenes de guerra o delitos de Lesa Humanidad.
Pero, además, en una decisión pragmática, que también ha sido objeto de duros cuestionamientos, al terminar cediendo el Estado en la búsqueda de la verdad al dejar esta en manos de los victimarios, cuya ‘confesión’ de sus crímenes será objeto de entero crédito, pues el Estado no tendrá cómo probarles sus delitos.
En el pasado reciente, hemos visto cómo las confesiones de paramilitares o guerrilleros desmovilizados han servido para pasar cuentas de cobro a sus antiguos aliados o para ser sujeto de una rebaja de penas. En otras palabras, en su afán por diseñar un Marco Legal para la Paz, el Gobierno centró su interés en ofrecer la mayor cantidad de garantías a quienes decidan apostarle a una negociación, corriendo el riesgo de ser demasiado generoso. Y aunque ya tiene la silla, aún le falta el caballo.
Por Óscar Montes
@leydelmontes