Por: Nancy Patricia Gutiérrez.-
La asonada se ha convertido en mecanismo efectivo para frenar la acción de la fuerza pública. Cualquier miembro del Ejército, o de la Policía que haya estado en servicio en el Cauca, Catatumbo, Putumayo, Nariño o Chocó, puede dar fe de que en muchas oportunidades cuando llegan a realizar operaciones contra ilegales son atajados por tumultos que, con violencia verbal y física los hace retroceder.
Es la misma fórmula que aplicaron a la Corte Suprema de Justicia, para de “forma tumultuaria” exigir la ejecución de un acto propio de sus funciones, como es el de elegir fiscal. Por eso el decir del Gobierno de que no pasó nada porque no hubo heridos ni muertos, ofende a quienes quedaron encerrados a la fuerza por varias horas y, a la ciudadanía que confirmó la preocupación del riesgo que genera un Presidente convencido de que el poder del ejecutivo debe estar por encima de todas las instituciones.
Otro ingrediente al malestar fue el pronunciamiento de organismos internacionales como la OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina en Colombia de ONU-DDHH, encaminados a que la Corte Suprema de Justicia acelere la designación de la fiscal. Ha generado rechazo, porque el proceso se adelanta dentro de parámetros constitucionales y legales que no permite intervención externa, ni siquiera para “alentar” al alto tribunal.
La fórmula de elección de fiscal combina competencias del ejecutivo y de la rama judicial. La primera se cumplió con el envío de la terna por el Presidente. Ahora está bajo acción de la Corte Suprema, cuerpo colegiado que de manera autónoma define los tiempos para aplicar el procedimiento, que implica votación calificada, en la que inciden variadas consideraciones, que no necesariamente refieren aspectos políticos como equivocadamente lo manifestó la CIDH.
La efectividad del lobby, ese sí político, de los sectores afectos al progresismo del Gobierno llevó a pronunciamientos de organismos que por su esencia deberían ser totalmente neutrales. Se sumaron así a la actitud pendenciera de quienes creen que el “cambio” exige una ruptura institucional, porque no les satisfacen los límites del balance de poderes. La convocatoria presidencial de lanzarse a las calles a presionar la elección de fiscal terminó en una asonada, que revictimizó a la Nación con el doloroso recuerdo de la toma del palacio de justicia en 1985, por el grupo revolucionario M-19.
La bandera de condenar la impunidad, enarbolada por el Presidente para justificar su interferencia en la rama judicial bajo el argumento de que la fiscalía está al servicio del crimen sin que como es su deber haya presentado denuncias, suma al ambiente enrarecido porque en ella cursan investigaciones por posibles delitos relacionados con la campaña electoral que eligió presidente a Gustavo Petro
Es la rama judicial la llamada a hacer contrapeso como garantía para preservar la democracia. Por esto, las manifestaciones de solidaridad y, el rodear a la Corte desde la fuerza ciudadana sin violencia, deben mantenerse activas a fin de garantizar la mejor decisión en la elección de fiscal.
@nancypatricia_g