POR OSCAR MONTES
@LEYDELMONTES
Mientras el presidente Petro compra peleas todos los días contra la clase dirigente –política y empresarial– a la que señala de los grandes males que aquejan la nación, el país se sigue descuadernando. Buena parte de Colombia está hoy en manos de bandas narcotraficantes, organizaciones criminales y grupos guerrilleros, envalentonados con la oferta incierta y generosa por parte del gobierno de una “paz total” y la actitud timorata de las autoridades, que no saben qué es lo que deben hacer ni cómo deben actuar. Ni el presidente de la República, ni el ministro de Defensa, ni el comisionado de Paz parecen entender la gravedad de la situación, ni mucho menos tener a la mano soluciones para la tragedia que viven a diario millones de colombianos, la inmensa mayoría de ellos sencillos, humildes y honrados.
El caso más reciente que tiene consternado al país ocurrió en Simití, sur de Bolívar, población que hace parte de esa “Colombia profunda”, que no tiene nada que ver con “oligarquías”, ni con “blancos riquitos”, que tanto detestan Petro y quienes hacen parte de su gobierno.
Yulieth Rocío Fuentes Díaz era una joven mujer comerciante de Simití, quien había puesto junto con su esposo, José Luis Martínez, médico del pueblo, una pequeña droguería para ayudarle a la comunidad y tener algunos ingresos para sostener a su pequeña hija. Ese fue su pecado: montar un negocio para tener con que vivir junto con su familia. Desde hace algunos meses, tanto Rocío como su esposo venían siendo amenazados por integrantes de la banda criminal ‘Los Gaitanistas’, quienes tienen intimidados y sometidos a los comerciantes de Simití. Ellos son la ley del pueblo, mientras ninguna autoridad –¡ni de Policía, ni militar, ni judicial!– actúa para defender a los habitantes de Simití, entre ellos Yulieth Rocío.
El video que Yulieth Rocío grabó con su celular minutos antes de que el presunto sicario le disparara seis tiros en su rostro muestra con toda su crudeza la magnitud del drama que hoy viven millones de colombianos, quienes se sienten indefensos ante la arremetida de los delincuentes y la indolencia del Gobierno nacional.
“Me parece absurdo e ilógico –dice Yulieth Rocío en el video, mientras graba con la cámara de su celular a quien sería su sicario– que lleguen a pedirle a uno, así de la nada. ¿Dónde se ha visto eso que uno trabaja para darle a gente que viene a pedirle a uno? ¡Eso es injusto, eso no puede ser…Yo nunca he visto algo así en Colombia”, dice Yulieth Rocío, al tiempo que de forma valiente graba al extorsionista y posible asesino, según las autoridades.
Simití está consternado por el asesinato de Yulieth Rocío. Mientras tanto, su esposo no sabe qué camino tomar en el futuro inmediato, junto con su pequeña hija, huérfana por cuenta de la acción criminal de los delincuentes.
Pero no es Simití solamente en el que se vive el drama de ser sometidos por los delincuentes. En el Cesar fue secuestrado el pasado 25 de abril el ganadero Heriberto Urbina Lacouture, de 87 años, quien padece graves quebrantos de salud. Un mes después de su secuestro, ocurrido en Curumaní, nadie da información de Urbina, una persona querida y respetada en el Cesar y La Guajira. El clamor de sus amigos y familiares sigue sin ser escuchado. Las autoridades guardan silencio y el Gobierno nacional ni siquiera se ha pronunciado sobre esta otra tragedia. En lugar de ponerse al frente de la situación, Petro prefiere emprenderla contra los “blancos riquitos” y los “oligarcas” del país.
Pero hay más casos que muestran la gravedad de la situación. En Tibú, Norte de Santander, el ELN asesinó a tres personas, entre ellas dos agentes de la Policía, al tiempo que mantiene el control territorial sobre el Catatumbo. Mientras el ELN mata a mansalva, el comisionado de Paz, Danilo Rueda, destaca como “un gesto de responsabilidad” por parte de ese grupo guerrillero el haber admitido ser los autores del múltiple asesinato. El cinismo del comisionado Rueda ha sido repudiado –con toda razón– por la opinión pública.
¿Qué está pasando con el orden público en el país?
Yulieth Rocío Fuentes, heroína de Simití
Yulieth Rocío Fuentes Díaz no era una empresaria dueña de cadenas de droguerías o supermercados. No tenía un gran capital. No era multimillonaria. Ni sus apellidos están relacionados con la “oligarquía” nacional, que por años –según el discurso clasista de Petro– ha arruinado a Colombia. Yulieth Rocío era una humilde comerciante de Simití, sur de Bolívar, zona olvidada por todos los gobiernos, incluyendo el de Petro. Allá en el sur de Bolívar, al pie de Simití, también está San Pablo, el primer pueblo que se tomó un grupo guerrillero en Colombia. Ocurrió en enero de 1972. ¿Quién se lo tomó? El ELN, el mismo que asesinó la semana pasada a dos policías en Tibú, Norte de Santander. Ante la grave situación hay que recordar que la obligación del gobierno, con el presidente a la cabeza, es respetar y hacer respetar la Constitución Nacional. Y ella establece que las autoridades deben garantizar las libertades, la integridad y la vida de todos los ciudadanos. El cobarde asesinato de Yulieth Rocío en Simití no solo debe ser rechazado por todos los colombianos, sino que debe obligar al presidente Petro a cumplir con su deber de combatir a los criminales que a diario asesinan a nuestros compatriotas. La paz total no puede convertirse en impunidad total, ni en caos total, ni en cobardía total. Punto.
La banda ‘Los Gaitanistas’, que opera en Simití con absoluta impunidad, bajo la total inoperancia de las autoridades, debe ser judicializada y sus integrantes llevados a los tribunales para que paguen por sus crímenes, incluyendo –¡por supuesto!– el de Yulieth Rocío Fuentes. No puede haber para ellos ningún tipo de tratamiento político, ni ninguna clase de benevolencia. El Gobierno nacional no puede permitir que el país sea “despedazado” por los criminales. El sur de Bolívar es tierra dominada por los grupos criminales. Igual sucede con el Catatumbo, con parte del Meta, con el Caquetá y Guaviare. El Estado debe hacer presencia integral y eso incluye una Fuerza Pública respaldada por el Gobierno nacional. Una Fuerza Pública maniatada y temerosa no le sirve al país. Solo sirve a los delincuentes. Obviamente que tiene que ser una Fuerza Pública sometida al imperio de la ley y apegada a principios democráticos con absoluto respeto a los derechos humanos. Pero la población civil no puede estar atemorizada e intimidada por los criminales. El Gobierno está en mora de enviar este mensaje con contundencia.
El discurso que promueve la división entre ricos y pobres, explotadores y explotados, latifundistas y campesinos, ese discurso que tanto le fascina a Petro, tiene muy buena acogida en amplios sectores de la población, pero destruye la poca unidad nacional que aún disfrutamos en Colombia. El presidente de la República no puede azuzar con cada intervención suya la polarización y el odio entre los colombianos. Petro tiene que entender que ese no es el remedio para la enfermedad que padece Colombia. Punto. La enfermedad que padece Colombia está reflejada en el asesinato de Yulieth Rocío Fuentes, el secuestro de Don Heriberto Urbina Lacouture y el asesinato de humildes policías es Tibú, Norte de Santander. Los “blancos riquitos” y los “oligarcas”, que tanto desprecian quienes gobiernan, no padecen esa enfermedad, sencillamente porque ellos tienen cómo garantizarse su seguridad. De manera que se trata de un discurso no solo perverso, sino inútil. La obligación del Estado es combatir a quienes todos los días asesinan a mujeres como Yulieth Rocío, secuestran ganaderos como Don Heriberto Urbina y asesinan compatriotas como nuestros policías en Tibú. El discurso de “división de clases” sirve para ganar presidencias, pero no para gobernar. Punto.
¿Qué se sabe de Don Heriberto? Pregunté hace unos días a unos amigos de San Juan del Cesar, La Guajira. “Nada, absolutamente nada”, fue la respuesta triste y contundente que recibí. Don Heriberto Urbina Lacouture es un anciano de 87 años de edad, que toda la vida la ha dedicado a la ganadería y la palmicultura. No se trata de un hacendado portentoso, sino de un hombre trabajador y honrado, que a punta de sudor, sacrificios y deudas adquiridas con los bancos ha podido sacar adelante a su familia. Heriberto Urbina es uno de los miles de colombianos honrados que ha contribuido al bienestar de su familia y al progreso de su región. Es un hombre de bien en toda la extensión de la palabra. Don Heriberto acaba de cumplir un mes de estar secuestrado y nada sabe su familia de su situación. Es un hombre enfermo, que requiere de muchos medicamentos para poder vivir. ¿Tiene sentido ese secuestro? ¿Qué pretenden sus captores? ¿Qué puede ofrecerles el Gobierno a esos criminales? ¿Merecen tratamiento político, rebaja de penas y no pagar un solo día de cárcel? ¿Deben ir al Congreso de la República a exigir los compromisos que ellos jamás cumplieron?