¿Qué pretende el presidente Petro con sus sistemáticos señalamientos a los medios de comunicación?
POR OSCAR MONTES
@LEYDELMONTES
El presidente Gustavo Petro ha decidido -vaya uno a saber con qué propósito- desatar una peligrosa ofensiva contra los medios de comunicación del país, a los que se refiere de forma genérica como “la prensa”. Es peligrosa, no solo porque compromete la vida y la integridad de los periodistas, sino porque afecta de forma grave el bien supremo de la libertad de expresión. Se trata, pues, de un asunto muy delicado que debe ser atendido por el propio presidente en su calidad de jefe del Estado. Es él y nadie más quien debe poner fin a esta delicada situación.
Ante esta inusitada campaña de desprestigio contra los medios de comunicación tradicionales iniciada por Petro desde que llegó a la Casa de Nariño, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) decidió pronunciarse con el propósito de llamar a la reflexión y mesura a quien está al frente de la jefatura del Estado.
En su franco y oportuno pronunciamiento la Flip le hace saber a Petro de las graves implicaciones que tiene su comportamiento. “Ha promovido -dice la Flip sobre Petro- una imagen negativa sobre el periodismo y los medios de comunicación en su conjunto. Sus mensajes terminan restándoles credibilidad; buscando presionar la agenda mediática para que aborden favorablemente su gestión; alimentando un discurso en el que la prensa es antagonista, y así abre la puerta a la criminalización de los medios”.
Aunque es tradición que los gobernantes sean particularmente sensibles a la crítica por parte de los medios de comunicación -no solo en Colombia- el caso de Petro resulta llamativo y preocupante, pues sus sistemáticos señalamientos al ejercicio periodístico ponen a la prensa en un plano de vulnerabilidad extrema, pues en Colombia ningún medio de comunicación -por muy poderoso que sea- tiene herramientas suficientes para medir fuerzas con un Presidente, por muy débil que sea.
El presidente Petro ha ido demasiado lejos en su afán por desacreditar la “prensa tradicional”. Su discurso apunta a minarle su bien más preciado, quizás el único con que cuentan en estos tiempos de incertidumbre económica: su credibilidad. Señalar a la prensa tradicional -como lo hace Petro- de ser parte de “alianzas que favorecieron al paramilitarismo” es no solo irresponsable, sino muy peligroso, puesto que cualquier grupo u organización criminal podría verse tentada a proceder contra quienes, según afirma Petro, tuvieron tratos con paramilitares.
Ante la gravedad de los señalamientos, que compromete la integridad y la vida de los periodistas del país, la obligación de Petro es aportar pruebas contundentes de sus afirmaciones. De igual forma deben proceder quienes en el pasado estuvieron al frente de organizaciones paramilitares y hoy vuelven a ventilar las mismas acusaciones del pasado, pero sin aportar las evidencias que dicen tener.
¿Qué hay detrás de los graves señalamientos de Petro contra los medios de comunicación? ¿Qué pretende el jefe del Estado al plantear una confrontación tan desigual con quienes cumplen con su función de buscar la verdad y de informar de forma veraz y oportuna?
Es preferible una prenda desbordada a una prensa amordazada
Todo sistema democrático se sostiene en una prensa libre. Punto. Cualquier intento por coartar la libertad de expresión atenta contra el sagrado derecho de informar y opinar de forma independiente y bajo el principio de veracidad. Con sus constantes y sistemáticos señalamientos a “la prensa”, Petro pone en el plano de antagonistas a quienes tienen como misión buscar la verdad para darla a conocer de forma veraz y oportuna. El enemigo del gobierno no es -¡por supuesto que no!- los medios de comunicación tradicionales. Como jefe del Estado, el Presidente de la República tiene contendores mucho más peligrosos y poderosos, que quienes desde un periódico, una revista o un micrófono, deciden criticar y cuestionar algunas de las medidas adoptadas por el gobierno. Dos de los antecesores de Petro –Belisario Betancur y Juan Manuel Santos– que también fueron blanco de todo tipo de críticas, quizás más feroces que las que sufre Petro, dijeron en su momento que preferían “una prensa desbordada a una prensa amordazada”. Así debe ser en una democracia. La obligación del Presidente de la República en un sistema democrático -cualquiera que sea el mandatario- es la de brindar plenas garantías a los medios de comunicación para que puedan cumplir a cabalidad con su función, entre ellas vigilar y cuestionar a los gobernantes.
El único patrimonio de un medio de comunicación es su credibilidad
El artículo 20 de la Constitución Nacional, del que se valió Petro para responder el pronunciamiento de la Flip, “garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”. Dicho artículo no dice por ninguna parte que el Presidente de la República oficiará como juez y determinará las responsabilidades de los periodistas del país, como cree Petro. Los delitos de difamación y calumnia están contemplados en nuestro ordenamiento jurídico y aquellos periodistas o medios de comunicación que incurran en ellos deberán responder ante las autoridades competentes. Petro no es juez, ni fiscal, ni tiene facultades extraordinarias para absolver o condenar medios de comunicación, según su conveniencia. Está visto que a Petro los medios de comunicación que le gustan son aquellos que se muestran generosos con los halagos al gobierno. El mayor tesoro y más grande patrimonio de un medio de comunicación es su credibilidad, la misma que se mina o se pierde con cada rectificación. Esa es la mayor condena que debe pagar un medio de comunicación.
Así como Petro la emprende contra “la prensa”, a la que señala de forma sistemática y frecuente de faltar a la verdad, guarda silencio y se mantiene impasible ante el “ejército de bodegueros a suelto”, que se dedican las 24 horas del día a atacar de forma irresponsable a periodistas y medios que critican al gobierno. Esos bodegueros -alumnos aventajados del tristemente célebre Guanumen- son pagados con nuestros impuestos. Su salario sale de los bolsillos de todos los colombianos. ¿Quién vigila su comportamiento? ¿Ante quien rinden cuentas, distintos a sus jefes inmediatos, muchos de ellos con oficinas en la Casa de Nariño? El propio presidente Petro, en su incansable y febril oficio de tuitero, se encarga de difundir la información que proviene de dichas bodegas. En más de una ocasión ha debido retirar un trino o algún tipo de información por tratarse de fake news. Esa conducta de Petro -de desacreditar los medios tradiciones al tiempo que estimula la actividad de las bodegas en las redes sociales- es no solo irresponsable, sino peligrosa. Empoderar a quienes tienen como fin último desacreditar a los medios y periodistas críticos del gobierno no es sano ni democrático.
Dada su condición de jefe del Estado, Petro no necesita dar una orden para que cualquiera de sus seguidores -muchos de ellos verdaderos fanáticos- se sientan autorizados para proceder contra quienes son señalados por el Presidente. Petro no ordena -por ejemplo- atacar las sedes de RCN Radio y Televisión, pero su sistemática descalificación al cubrimiento realizado por ese medio de comunicación, hace que muchos de quienes salen a marchar se sientan autorizados para proceder contra las instalaciones RCN. ¿Petro dio la orden? Claro que no. Pero quienes destrozan las sedes de RCN siempre que hay marchas, sienten que están complaciendo a su jefe. Por esa razón los discursos polarizantes y confrontacionales de Petro resultan peligrosos, no solo para los medios de comunicación, sino también para dirigentes gremiales o voceros de diversas organizaciones con las que tiene o ha tenido diferencias o desencuentros. Señalar de “mentiroso” a un periodista o un medio de comunicación, sin ninguna prueba, solo porque lo que publica o dice no coincide con su pensamiento, es delicado y muy riesgoso en Colombia. En ese sentido, Petro debería ser más mesurado, pero -sobre todo- más responsable. Debería tomar plena conciencia que ya no es el fogoso jefe opositor, que contaba con una audiencia reducida, sino que se trata del jefe del Estado, cuya voz es escuchada con atención y cuyas palabras se cumplen al pie de la letra, incluso por quienes no han recibido de parte suya una orden no directa, ni expresa.