POR. OSCAR MONTES
@LEYDELMONTES
En buena hora la Corte Suprema de Justicia respondió de forma inmediata y certera la desafortunada frase del presidente Gustavo Petro, según la cual el hecho de ser jefe del Estado lo convierte en “jefe” del fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, con quien sostiene unas relaciones muy tensas desde que asumió el poder el pasado 7 de agosto.
Según la Corte Suprema, institución que elige al fiscal de terna que envía el presidente de la República, las graves declaraciones de Petro dejaron en evidencia un desconocimiento de “la autonomía e independencia judicial, cláusula fundacional de la democracia colombiana y pilar esencial del Estado social de derecho”.
Al señalar Petro que como jefe del Estado es también “jefe” del fiscal Barbosa, está haciendo –según la Corte Suprema– una “errada interpretación” del artículo 115 de la Constitución, que establece que el “presidente de la República es jefe del Estado, jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa”.
Dicho artículo –citado por Petro para declararse “jefe” de Barbosa– en ningún momento establece una relación de subordinación del fiscal General con respecto al presidente de la República. Ese artículo –le recuerda el magistrado Fernando Castillo al presidente Petro, en su condición de presidente de la Corte Suprema de Justicia– no establece de ninguna manera que el fiscal General es subalterno del presidente de la República, como de forma errónea y ligera interpreta Petro.
“El fiscal General –dice la Corte Suprema para no dejar dudas sobre su posición– ostenta calidades de magistrado de alta corte, no tiene superior jerárquico y su misión está claramente regulada por el orden jurídico y enmarcada en la autonomía e independencia de la Rama Judicial”.
El fiscal General, obviamente, también respondió con vehemencia y contundencia las afirmaciones de Petro desde España. “Gustavo Petro fue elegido presidente de la República, no dictador en Colombia”. Horas más tarde anunció que –por razones de seguridad, originadas de su enfrentamiento con Petro– su familia se vería obligada a abandonar el país.
Por cuenta de las afirmaciones de Petro, nunca antes las relaciones entre el presidente y el fiscal habían vivido una situación tan crítica, ni siquiera en los tiempos de Ernesto Samper y Alfonso Valdivieso, por cuenta del proceso 8.000.
Para tratar de dar por superado el muy delicado “choque de trenes” con el fiscal, Petro emitió un comunicado en el que afirma: “Acepto el llamado de la honorable Corte Suprema de Justicia. Respeto y respetaré la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la Nación y todas las ramas del poder público. Pero como presidente de la República no guardaré silencio frente a estas gravísimas denuncias”.
El talante autoritario de Gustavo Petro –que lo hace creerse el jefe de todo el mundo– atenta contra su buena gestión como gobernante. Punto. Su encontronazo con el fiscal Barbosa es el más reciente, pero no es el único, ni tampoco será el último.
Como alcalde de Bogotá vivió episodios similares con funcionarios y amigos muy cercanos, como ocurrió con Antonio Navarro y Daniel García-Peña, quienes debieron abandonar el Palacio Liévano al poco tiempo de haberse posesionado, aburridos con el maltrato de Petro. “Así como hay déspotas de derecha, también los hay de izquierda”, fue la frase con la que García-Peña dijo adiós al gabinete del alcalde.
Petro tiene un sentido autoritario del poder que lo lleva a confrontar con quienes se atreven a llevarle la contraria o no son sumisos a sus órdenes. Pretender que el fiscal General sea su subalterno es no solo un desvarío como gobernante, sino un grave atentado contra las columnas que soportan nuestro sistema democrático. La separación de poder es intocable en toda democracia, como en buena hora se lo recordó la Corte.
En su afán por confrontar a Francisco Barbosa, Petro olvidó el origen del fiscal General de la Nación. Es decir: desconoció de forma abusiva y torpe que la Fiscalía pertenece a la Rama Judicial y no a la Rama Ejecutiva. El fiscal general –Barbosa o cualquier otro– ostenta “calidades de magistrado de alta corte”, como bien precisó la Corte Suprema. No es subalterno de Petro.
Otra cosa es la colaboración armónica que debe existir entre altos dignatarios del Estado. De manera que Petro no solo desconoció la separación de poderes, sino que volvió trizas la colaboración armónica que debe tener con la Fiscalía. Al verse obligada la Corte Suprema a recordarle a Petro sus limitaciones, trajo a la memoria de los colombianos el origen político del presidente, que no es otro que el M-19, grupo guerrillero desmovilizado que se tomó por asalto el Palacio de Justicia en noviembre de 1985.
La muerte de connotados magistrados de la Corte por cuenta del “Holocausto del Palacio de Justicia” es un imborrable capítulo de nuestra historia. Ese “Holocausto” tuvo su origen en la decisión del M-19 de tomarse el Palacio de Justicia. Quienes hoy ostentan la condición de magistrados de la Corte Suprema –quienes eligen al fiscal General– son sucesores de aquellos que se inmolaron en el Palacio de Justicia, el mismo que se tomó por asalto el M-19, grupo guerrillero donde militó Petro.
El presidente de la República no es juez ni fiscal, no absuelve, ni condena. Punto. Sus graves señalamientos sobre presuntos actos de encubrimiento por parte de funcionarios de la Fiscalía General, cercanos al fiscal Barbosa, deben tramitarse por canales regulares. No es a punta de trinos altisonantes como el presidente puede contribuir a las relaciones armónicas con otras ramas del poder público. Por graves que sean los señalamientos –según el presidente– es la Fiscalía General la que debe investigar de forma autónoma los hechos denunciados.
El fiscal delegado Daniel Hernández –señalado por Petro– develó una presunta persecución en su contra por cuenta de decisiones que tomó en el caso del empresario Carlos Mattos. El fiscal delegado Hernández también ha denunciado presuntos actos de corrupción por parte de quien hoy lo señala de ser cómplice en la desaparición y muerte de unas 200 personas, crímenes que habrían sido realizados por el llamado Clan del Golfo. Como puede verse, se trata de un complejo asunto de denuncias y contra denuncias, de acusados y acusadores, en el que debe permitirse a la justicia actuar con absoluta independencia y sin presiones, como parecer ser el caso del presidente Petro, quien decidió tomar partido por una de las partes involucradas.
Aunque hizo muy bien el fiscal General en precisar su origen y su independencia frente al presidente de la República, también es bueno que tenga presente que tiene la obligación de respetar a quien ostenta la condición de jefe de Estado. No puede –desde ningún punto de vista– el fiscal Barbosa referirse a Gustavo Petro como un “dictador”. La obligación de mantener relaciones armónicas con los demás poderes, también cuenta para el fiscal General.
Está bien que el fiscal defienda la autonomía e independencia de la Rama Judicial, pero está mal que afecte de forma grave las relaciones respetuosas con las otras ramas del poder público, en especial con la Rama Ejecutiva. La Constitución también obliga al fiscal a suministrar información cuando en casos especiales sea requerida por el presidente de la República. Un país cada día más polarizado requiere con urgencia de puentes de entendimiento entre quienes ostentan los cargos más altos del Estado. Y en ese sentido, todos deberían acatar el llamado a la sensatez realizando por la Corte Suprema.