Ante la acusación del líder del partido Ciudadanos, Albert Rivera, el presidente entró en cólera, respondió que el trabajo “está publicado conforme a la legislación» y amenazó con emprender acciones legales.
Las acusaciones «que sostienen la existencia de plagio en la redacción de mi tesis doctoral son rotundamente FALSAS. Emprenderé acciones legales, en defensa de mi honor y dignidad, si no se rectifica lo publicado», tuiteó Sánchez.
El mandatario reaccionó así ante informaciones de dos medios conservadores, el diario ABC y el digital OKdiario, que lo acusaron este jueves de plagiar su tesis doctoral copiando a otros economistas e informes del gobierno.
Poco después, en un comentario en Facebook, añadió que la tesis «se abrirá en su totalidad a lo largo del día de mañana» viernes, y reiteró que ha recibido acusaciones «sin pruebas».
«El problema es que quienes gobernaban hace cien días no han asumido que hoy son oposición», añadió refiriéndose al Partido Popular de Casado y del ex presidente Mariano Rajoy, derribado por una moción de censura a comienzos de junio.
La polémica estalló el miércoles, cuando el líder del partido liberal Ciudadanos, Albert Rivera, improvisó en el Parlamento una pregunta dirigida a Sánchez para conminarlo a que publique su tesis.
«Hay dudas razonables sobre la publicación de su tesis doctoral»; «haga usted pública su tesis» en internet, le lanzó.
«La tesis está publicada conforme a la legislación», le replicó el presidente, con el semblante duro y visiblemente enfadado.
La universidad privada Camilo José Cela confirmó, tras una revisión, «la normalidad del proceso» de evaluación de la tesis «de acuerdo a la normativa vigente y a los protocolos de verificación y control habituales en el ámbito universitario».
“Disparo primero y pregunto después”
Sánchez, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, defendió su tesis sobre «innovaciones de la diplomacia española» en noviembre de 2012 en dicha universidad.
En la base oficial de datos de tesis doctorales, Teseo, puede consultarse la composición del tribunal y un breve resumen, pero no el documento en sí, un flanco por el que le han venido las críticas y las presiones en las últimas horas.
Cristina Monge, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Zaragoza, explica no obstante ante a AFP que es normal dejar en cerrado una tesis cuando luego se quiere publicar un libro sobre la materia tratada, como efectivamente hizo Sánchez.
Cree por ello que su caso «no tiene nada que ver» con el de Pablo Casado, quien obtuvo un máster en condiciones ventajosas en la universidad Rey Juan Carlos.
Allí estudiaron también Cristina Cifuentes, ex presidenta conservadora de la región de Madrid, y la última víctima del «mastergate», la ministra de Salud de Sánchez, Carmen Montón, que renunció el martes.
Ambas fueron acusadas de graves irregularidades en sus titulaciones.
«Hay inquietud social» ante el trato de favor que dejan traslucir los casos anteriores, estimó Monge.
«Muchos padres de muchos críos están pagando mucho dinero (para pagar esos másteres), y esto genera una sensación de agravio muy importante en la clase media, que son votantes de Ciudadanos y PP», añade Monge.
«De momento es munición política» este tipo de acusaciones, que no se pueden hacer «por las buenas hasta que no haya una certeza absoluta», incidió Paloma Román, profesora de ciencias políticas en la Universidad Complutense de Madrid.
Román considera que la profusión de estas polémicas obedece a un cambio cultural en la política española, en virtud del cual se está dando «una actualización de temas por los cuales se puede exigir una dimisión». Aunque dicho cambio, observa, se está dando de forma vertiginosa: «lo que está pasando es: disparo primero y pregunto después».
Por el momento, el propio Pablo Casado, que alcanzó la presidencia del Partido Popular en julio pese al lastre de esta controversia, ha guardado perfil bajo.
Este mes, el Tribunal Supremo debe decidir si lo investiga por un presunto delito de prevaricación en la obtención de su máster en 2008, cuando era diputado del PP en el Parlamento de la región de Madrid.