Pasado un año desde que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) hicieran entrega de sus últimas armas en el municipio de Mesetas, Meta –7.132 fue la cantidad total que la ONU certificó–, la suerte del punto de justicia que esa guerrilla negoció con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos hoy tambalea, por cuenta de las dos modificaciones que esta semana el Centro Democrático logró adicionar a la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz.
Aunque lo aprobado ya permite que la nueva jurisdicción ponga en marcha sus funciones con más claridad, la iniciativa que el gobierno presentó dista mucho de la que salió del Congreso, y para muchos ello no deja de ser un fuerte golpe al espíritu del pacto inicial con los excombatientes.
Uno de esos cambios –y, sin duda, el más polémico– tiene que ver con el juzgamiento de militares y miembros de la Fuerza Pública involucrados en delitos de lesa humanidad en el marco del conflicto armado interno. El Senado de la República aprobó la creación de una nueva sala especial al interior de la JEP en la que, con nuevos magistrados y procedimientos, diferentes a los que hoy en día ya están posesionados y esgrimidos, se tramiten los procesos que concurren contra los uniformados.
Como se requeriría de una reforma constitucional para que dicha sala empiece a funcionar, y ello tomaría alrededor de 18 meses, ese sería el tiempo en el que los militares que así lo deseen puedan solicitar la suspensión de sus procesos, a la espera de la nueva instancia.
Con todo esto, la Cámara alta tocó una fibra en extremo sensible y las reacciones no se han hecho esperar.
Una primera discusión que se ha abierto es la constitucionalidad de lo aprobado. Como se trató de una ley de procedimiento y no una estatutaria, el control constitucional de la misma es posterior y no previo. Es decir, las proposiciones entran a regir en el ordenamiento jurídico y, ya en marcha, pueden ser sujetas a demandas por diferir de la ley macro que las cobija.
El senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, ya anunció la puesta en marcha de dicha demanda. “Lo que el Centro Democrático quiere es, sencillamente, que haya un sofisma de justicia porque la sala que proponen diseñar es una repetición de lo que hemos tenido en Colombia: una justicia penal militar muy acomodada a la impunidad de miembros de la Fuerza Pública frente a graves violaciones de derechos humanos”, explicó el congresista en diálogo con EL HERALDO.
De acuerdo con Cepeda, si esa reforma constitucional se logra abrir paso, lo que también estaría en marcha sería la posibilidad de que se generen procesos para ocultar la verdad sobre lo que ocurrió en años de violencia.
Jaime Amín, senador del Centro Democrático, indicó por su parte para esta casa editorial que lo que se busca es impedir que a los militares se les juzgue con el mismo rasero que a las Farc. “Ha sido un argumento de cuatro o cinco años del Centro Democrático, y lo dijimos desde el principio de la negociación. (…) Que a los militares y policías no los juzguen bajo el rasero de la JEP. Además, debemos tener en cuenta que hay una razón política mucho más de peso, y son los 10 millones de colombianos que votaron por el presidente Iván Duque. La opción que ganó era la que afirmaba que había que hacer eso”, expresó el legislador barranquillero.
El ministro del Interior, Guilermo Rivera, dijo tras conocer las modificaciones que el Senado había aprobado al procedimiento de la JEP –particularmente sobre este de los militares– que se trataba de algo contrario a la Constitución, y que se precipitaría un pronunciamiento de la Corte Constitucional.
“Vamos a estudiar cuál es la mejor alternativa para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre las modificaciones. (…) El que tiene que ver con una suerte de congelamiento de la comparecencia de los miembros de la Fuerza Pública ante la JEP es flagrantemente inconstitucional, porque la Constitución dice que quienes están obligados a comparecer son los excombatientes de las Farc y los miembros de la Fuerza Pública que hubieran cometido delitos en el conflicto. De tal manera, una ley de carácter ordinario –como lo es la del procedimiento– no puede ir en contravía de un mandato constitucional”, indicó Rivera.
Lo particular, cuando no lo llamativo, es que la propuesta impulsada por el Centro Democrático se aprobó al mismo tiempo que varios militares (ver tabla 1) se vienen acogiendo a la JEP. Ante estas cifras, lo que resta ver es cuál será el comportamiento de los uniformados que ya están acogidos a la nueva jurisdicción: si se quedarán en la misma, o decidirán solicitar la suspensión de su proceso.
“Los militares que ya se acogieron a la JEP son personas que, en su gran mayoría, pagaron de tres a cinco años de cárcel, y eso lo hace beneficiarios de la libertad. Entonces el mayor problema a nuestro juicio, es que con la JEP actual, cuando hay un militar que involucrado en un asunto de violación de derechos humanos, el militar invierte la carga de la prueba y tiene la obligación de declarar, para que no le coloquen los 20 años que trae la JEP, que es culpable y queda excluido de la pena. Eso es algo que nosotros siempre discutimos y rechazamos”, explicó el senador Amín.
“Los militares que hoy están acogidos a la JEP saben perfectamente que este nuevo escenario que se crearía con lo aprobado e impulsado por el Centro Democrático les traería consecuencias no tan buenas en un futuro. Ahora, en el fondo, yo no hablaría de ese panorama. Estoy seguro de que la Corte declarará la inexequibilidad de ese artículo”, indicó por su parte Iván Cepeda.
Para Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, ante la demanda que pueda interponer Iván Cepeda o el mismo Gobierno nacional, la Corte Constitucional podría pronunciarse a favor de ambos, toda vez que el “acuerdo de paz ya es norma constitucional, pues ahí están los actos legislativos 01 de 2017, 01 de 2016 y el 02 de 2017. Crear un tribunal especial para los militares, así como está previsto en la ley de procedimiento, resulta inconstitucional. Eso no está previsto en el Acuerdo”.
Corte Penal Internacional
Una segunda discusión jurídica de fondo que se pone sobre la mesa en este debate, es la posibilidad de que la Corte Penal Internacional intervenga en el país por cuenta de la posible impunidad que dicho cambio a la JEP acarree.
Colombia, desde el gobierno del presidente Andrés Pastrana, reconoce el Estatuto de Roma y –en consecuencia– a la CPI, que se encarga del juzgamiento y castigo de quienes cometan crímenes de lesa humanidad, de guerra, o genocidio.
“La Corte puede entrar a mirar estos casos cuando se rompan los estándares internacionales. Es decir, que haya impunidad en cuanto a esos delitos, y eso puede cobijar tanto a militares, como a exmiembros de la guerrilla, o a cualquier particular. La obligación de perseguir esos delitos es del Estado. y si no lo hace, pues la Corte Penal Internacional lo hará en forma complementaria”, indicó Burbano.
Para Janiel Melamed, docente e investigador de la Universidad del Norte, experto en temas de justicia transicional, la Corte Penal Internacional si bien no ha activado su competencia para asumir investigaciones por hechos que conlleven impunidad en el país, sí ha estado presente como acompañante y consejera desde el 2005, cuando se inició el proceso de desmovilización con los paramilitares.
“Con estas modificaciones, lo que se viene es prestar con suma atención el desarrollo de las normas que el Centro Democrático dijo que haría. La JEP ya establecía unos criterios de responsabilidad, de cadena de mando, a los miembros de la Fuerza Pública, que eran mucho más flexibles de los que se establecen en el Estatuto de Roma, y que ya habían prendido las alarmas en la CPI por la posibilidad de que se promoviera la impunidad dentro de la justicia especial. El que se establezcan nuevas salas, nuevos procedimientos, que se altere la simetría que debe regir, procesalmente, la JEP, es sin duda un hecho que debe ser observado con sumo detenimiento a partir de ahora”, explicó Melamed.
Para Iván Cepeda, la Corte estaría en capacidad de activarse, toda vez que el diseño de la sala que propone el Centro Democrático “pone en riesgo los derechos a la justicia y a la verdad que se pactaron en el Acuerdo de Paz”.
Para el senador Amín, por su lado, el argumento de que la CPI pueda entrar al país no es válido, pues en ningún momento se está hablando de derrumbar la JEP.
“La Corte Penal actúa cuando las instituciones de justicia no existen. En el caso de Colombia no solo existen esas instituciones, que ya han funcionado, como la JEP, sino que la misma fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, vino al país 3 veces y ha podido constatar que en el país hay estas instituciones. Entonces, no hay ninguna razón válida para que la CPI actúe en Colombia”, señaló Amín.
Así pues, con todo esto, habrá que esperar, por un lado, a que el nuevo gobierno de Iván Duque y el electo Congreso se posesionen para poder establecer qué elementos tendrá de novedoso la reforma constitucional que el Centro Democrático dice adelantará para crear la nueva sala especializada. Por otro lado, la Corte Constitucional, con la demanda que se interponga, bien sea del gobierno o de Iván Cepeda, también tendrá que dar un pronunciamiento al respecto.
EL HERALDO