BOGOTA, 10 de Mayo_ RAM_ Una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo se desplazó hasta el resguardo indígena del pueblo Hitnü ubicado en el caserío Bocas del Ele en zona rural de la ciudad de Arauca, para escuchar las problemáticas de esta comunidad relacionadas con el territorio, la presencia de minas antipersonal, el acceso a los servicios básicos como salud, educación, alimentación y agua potable. La población indígena manifestó la necesidad de avanzar con el proceso de reubicación a una zona segura y en condiciones de dignidad.
“Para nosotros esa situación es bastante preocupante, la comunidad tiene problemas en torno a la influencia de grupos ilegales y por eso sobre ellos recae en temas de seguridad por los efectos del conflicto armado, tienen problemas de acceso a la educación, a la salud, al agua potable, problemas del manejo de basuras y de alcantarillado”, sostuvo el Vicedefensor del Pueblo, Esiquio Manuel Sánchez.
Durante el acompañamiento de las autoridades, los indígenas denunciaron que a pesar de estar amparados por el Auto 382 de 2010 de la Corte Constitucional que se refiere a la protección de los territorios indígenas, han sido despojados: “Antes teníamos 18.000 hectáreas y ahora solo estamos en 4.000 hectáreas”, aseguran.
El Representante Adjunto del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado expresó que “lo que ha venido ocurriendo es que progresivamente como en este caso han sido atrapados. Los indígenas dicen por aquí que no podemos pasar porque hay minas, por otro lado la empresa y por acá los colonos. En este caso completo, este es un pueblo recolector por años y de eso viven ahora, les están quitando la vida no solo como personas, sino como pueblo”.
En la zona, la comisión humanitaria pudo constatar que cerca de 630 indígenas del asentamiento Hitnú, de Las Vegas, no tienen acceso a un servicio de salud adecuado, toda vez que la unidad de salud construida recientemente se halla abandonada, no tiene médico, enfermera y medicamentos para atender a esta población. De otro lado, la infraestructura de las escuelas se encuentra deteriorada.
Así lo constató el Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Stephane Jaquemet: “Tenemos una gran preocupación para las comunidades indígenas porque pienso que en algunos casos hay unas necesidades de apoyar el retorno y en otros casos claramente la reubicación. Durante la visita al asentamiento indígena de Las Vegas no se puede hablar de acceso a los servicios básicos en una escuela y un centro médico en abandono”.
En el recorrido la comisión también se reunió en el corregimiento de Puerto Jordán, municipio de Tame, con representantes y líderes campesinos, quienes manifestaron su preocupación relacionada con la presencia de actores armados, las dificultades existentes debido a la ausencia de definición territorial sobre su pertenencia a los municipios de Tame o Arauquita y las permanentes infracciones al DIH por parte de todos los actores armados del conflicto.
Frente a esta problemática, se realizó una reunión con autoridades indígenas del departamento de Arauca, quienes evidenciaron la situación de estigmatización y discriminación que ha vulnerado el ejercicio pleno de sus derechos, sus prácticas culturales y ancestrales y mecanismos de gobierno y justicia propios.
La Defensoría solicitará a las autoridades locales y departamentales el desarrollo, ajuste y cumplimiento de las políticas públicas con, enfoque diferencial y desde una perspectiva de derechos que tengan en cuenta las necesidades de prevención, protección, asistencia y soluciones duraderas de cada una de las comunidades