Procuraduría apeló condena contra Julio Gómez

La Procuraduría General de la Nación apeló ante el Tribunal Superior de Bogotá la condena impuesta al empresario Julio Gómez por el carrusel de la contratación, por considerar que se cometieron diversas irregularidades y se le otorgaron excesivos beneficios con base en el preacuerdo firmado con la fiscalía.

El ministerio público advirtió que además de reducirle la pena a solo 5 años de cárcel, solo reintegró 297 millones de pesos, cuando el empresario recibió 48 mil millones de pesos por anticipos de los contratos que le fueron adjudicados por la administración de Bogotá.

La procuraduría señalo que igualmente la fiscalía no le imputó a Julio Gómez dos peculados, ni tampoco el delito de cohecho.

Por el carrusel de la contratación en Bogotá, la semana pasada un juez de la capital condenó a Gómez a una pena de 60 meses de prisión y al pago de una multa de 68 millones de pesos.

Frente a este hecho, la Procuraduría General de la Nación presentó recurso de apelación, solicitando la nulidad del fallo de primera instancia proferido por el juez 40 Penal del Circuito, que condenó a Gómez González a 60 meses de prisión y multa de $68 millones de pesos, por las conductas que habían sido objeto de un preacuerdo firmado con la Fiscalía General de la Nación, en el proceso conocido como “carrusel” de la contratación.

El Ministerio Público señaló que se opuso a dicho preacuerdo al considerar que no pueden existir imputaciones pre acordadas, que no se había reintegrado la totalidad del dinero del incremento patrimonial y que no se habían imputado una serie de conductas punibles.

Añadio que a Julio Gómez se le atribuyen los delitos de peculado por apropiación en calidad de interviniente, concierto para delinquir en calidad de autor e interés indebido en la celebración de contratos en calidad de interviniente, por haber concertado con varios funcionarios del IDU el manejo irregular de la contratación de Bogotá, logrando que se le adjudicaran una serie de contratos de la malla vial y de valorización, además de la supuesta manipulación de los pliegos de condiciones y evaluaciones de los contratos.

Advierte que Gómez logró presuntamente que los Nule le pagaran una suma de dinero por la gestión realizada para que no se declarara desierta la licitación que finalmente terminó con la firma del contrato número 137 para la construcción de la fase III de Transmilenio.

La procuraduria señala que el acuerdo pactado se determinó por tres razones fundantes: la aceptación de la totalidad de los cargos desde el momento mismo en que fueron atribuidos; la devolución del anticipo, como el reintegro de toda la suma de dinero que fue cuantificada como valor del peculado cometido; y, el explícito compromiso de colaboración con la administración de justicia interviniendo como testigo de cargo

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