Washington, 17 abr .- La Casa Blanca presentó hoy su nueva estrategia en la lucha antidrogas, que se aleja del enfoque estrictamente policial para impulsar la prevención y el tratamiento, al tiempo que mantiene una férrea oposición a la legalización.
La Estrategia Nacional para el Control de Drogas de 2012, enviada hoy al Congreso, delinea una «tercera vía» entre las dos propuestas «extremas» que han marcado el debate sobre los estupefacientes en los últimos dos años: el recurso masivo al sistema penal y la legalización de las sustancias.
Así lo explicó hoy el «zar» antidrogas de Estados Unidos, Gil Kerlikowske, en una conferencia de prensa en la que consideró que ninguno de esos enfoques son «realistas».
«Las políticas obsoletas, como el encarcelamiento masivo de los infractores no violentos, son reliquias del pasado que ignoran la necesidad de enfocar nuestro problema de drogas con un equilibrio entre la salud pública y la seguridad», señaló Kerlikowske.
La base para ese nuevo enfoque es el reconocimiento de que la drogadicción no es un crimen, sino «una enfermedad del cerebro que puede ser prevenida y tratada».
Con esa premisa, el Gobierno federal tratará de «integrar el tratamiento» de los drogadictos en «el sistema básico de salud», a través de medidas como la formación a personal médico para gestionar casos de sobredosis o la expansión de los servicios relacionados con la adicción en centros de atención primaria.
Según Kerlikowske, ese enfoque «no puede llegar en mejor momento», dado que el abuso de drogas es hoy la primera causa de muerte accidental en Estados Unidos, por encima de los accidentes de tráfico.
Además, Washington busca «romper el ciclo de uso de drogas, crimen y encarcelamiento», para lo que intensificará programas de «intervención en el mercado» de estupefacientes que ya están funcionando a nivel local, explicó el zar antidrogas.
La estrategia también subraya su apoyo a los tribunales que el Gobierno de Obama creó en 2010 para tratar asuntos de drogas, y que según sus datos, logran enviar cada año a cerca de 120.000 personas en programas de tratamiento en lugar de enviarlas a la cárcel.
La Oficina para la Política Antidrogas de la Casa Blanca contará con menos fondos en el año fiscal 2013 para desarrollar sus objetivos de prevención y tratamiento, a los que dedicó 10.100 millones de dólares en 2012.
«Hay un descenso en esos fondos, que es representativo del austero presupuesto que toda la administración está enfrentando», reconoció Kerlikowske.
No obstante, el Gobierno confía en poder poner en marcha todas las medidas a nivel federal, y tiene en cuenta que «gran parte del trabajo en estas áreas se desarrolla a los niveles estatal y local», añadió.
Pese a su búsqueda de alternativas, la nueva estrategia «no considerará» en absoluto la legalización de drogas, una posibilidad que ha tomado nueva fuerza en el continente a iniciativa del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina.
«Si haces legal una sustancia que es ilegal, su consumo va a aumentar. Y viendo los devastadores efectos de la droga, a nivel de salud y de seguridad, hacer que estén más disponibles no tiene mucho sentido», afirmó Kerlikowske a los periodistas.
El «zar» antidrogas recordó que en Estados Unidos hay ahora «un número de bandas» implicadas en el tráfico de medicamentos bajo prescripción médica, como las que la semana pasada protagonizaron un tiroteo en una farmacia del estado de Nueva York.
«Estamos hablando de drogas legales, y aún así hay bandas criminales implicadas en ello», subrayó Kerlikowske. «No vamos a hacerlo. Es malo para la salud, y malo para el futuro de cualquier país, no sólo Estados Unidos».
En la VI Cumbre de las Américas celebrada en Cartagena de Indias (Colombia) el pasado fin de semana, el presidente Barack Obama subrayó su oposición a la legalización, pero sí estuvo de acuerdo en buscar junto a los líderes del continente «nuevos enfoques» en una lucha antidrogas que muchos consideran fallida.
En total, la nueva estrategia define siete áreas de acción, cuatro de ellas basadas en la prevención y el tratamiento, a las que se suman la mejora de la gestión de la información, de la cooperación internacional y de los obstáculos al tráfico de drogas en el terreno doméstico.