El Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, le advirtió a la comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que es “obligatorio” devolver el proceso del carrusel de pensiones de la Justicia, a la Contraloría General de la República.
Aunque en la comisión aseguran no tener claro a quién hacerle caso –a los conjueces del Consejo Superior de la Judicatura o al Consejo de Estado– el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, dijo que la decisión de este último es de carácter imperativo e ineludible.
“Me resisto a creer que haya organismos de esa envergadura que no tengan claro lo que dice la ley y la obligación que tienen de darle cumplimiento a ésta”, aseguró Esguerra al ser consultado por los periodistas en el Congreso.
Para el Gobierno “está perfectamente claro, más allá de toda duda, que aquí lo que hubo no fue una consulta que le hubiere elevado el Gobierno al Consejo de Estado para que él diera un dictamen no obligatorio”.
“Lo que hubo fue una solicitud de definición de competencias administrativas. La respuesta y decisión final de la sala de consulta del servicio civil del Consejo de Estado fue la de definir qué clase era, cuál era su naturaleza administrativa definitivamente y a quién le correspondía: la decisión fue a la Contraloría”, recalcó.
Y agregó: “ese no es ni un dictamen, ni una opinión, ni un concepto del Consejo de Estado, es una definición, con todo lo que ello comporta en materia de determinación por un cuerpo jurisdiccional como la sala de consulta del Consejo de Estado para esos menesteres; eso es lo que dice la ley”.
Además, Esguerra le recordó a la comisión que “los funcionarios públicos tienen clara la obligación que les imponen la Constitución y las leyes de cumplir los fallos judiciales”.