Fiscal propone que investigaciones a congresistas queden en manos de la Fiscalía

EL Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, propuso este martes que se le otorgue a la Fiscalía la facultad para investigar a los congresistas, en desarrollo de la discusión la reforma a la justicia en la comisión primera del Senado.

Según  la propuesta el juzgamiento en primera y segunda instancia le correspondería a la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo al fiscal,  su propuesta incluye la creación de un tribunal especializado que permita darle garantía a los congresistas, debido a que  la propuesta actual para cambiar el juzgamiento de los congresistas es “inequilibrada” y el Tribunal tendría control de garantías sobre la investigación, acusación y orden de captura del parlamentario.

El jefe del organismo acusador dijo que no está de acuerdo con la propuesta hecha por el Congreso de la República.

“En el tema de la investigación de los altos dignatarios del Estado como magistrados de las altas cortes, el Contralor, el Procurador, el Fiscal General de la Nación, el Presidente de la República, es decir, los aforados plenos, no estoy de acuerdo con la propuesta del Congreso de la República y que se va a debatir en el transcurso de esta semana”, dijo el jefe del ente acusador.

El legislativo plantea crear una supercorte que sin pasar previamente por el Congreso entre a investigar y acusar a los altos dignatarios del Estado.

Para Montealegre la propuesta del Congreso motiva una afectación a la autonomía y la garantía institucional de la independencia de los magistrados de las altas cortes.

De acuerdo con el funcionario, la idea no es quitar funciones a la rama judicial y propone suprimir funciones de este tipo al legislativo.

“Que se le acaben las funciones jurisdiccionales al Congreso de la República, dejarle únicamente el tema de responsabilidad política al Congreso, y el tema de responsabilidad penal lo debe juzgar exclusivamente la Corte Suprema de Justicia con un matiz…, que para iniciar una investigación penal a un alto dignatario del Estado se requiere previamente un juicio de responsabilidad política y de indignidad ante el Congreso”, dijo Montealegre.

Según Montealegre esta fórmula garantiza la estabilidad y la institucionalidad frente a los altos funcionarios que en cualquier circunstancia no pueden ser acusados en un proceso penal.

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