Prenden alarmas ante inminente fenómeno de El Niño

Bogotá, 04 de Junio ¬_RAM_ Un llamado a las autoridades competentes y a los ciudadanos para que adopten comportamientos consecuentes con los graves pronósticos de sequía y afectación de las fuentes hídricas, formuló la Defensoría del Pueblo al expresar su preocupación por hechos como el estado de vulnerabilidad que según el último Estudio Nacional de Agua (ENA) afrontan 117 municipios del país.

Considera la Defensoría que el diagnóstico realizado por el Ideam respecto a la inminencia del fenómeno de El Niño, con un 70 por ciento de probabilidades y un elevado déficit en el volumen de aguas lluvias en amplias zonas de departamentos como la Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Huila e incluso buena parte de la Costa Pacífica, incluido Chocó (donde las precipitaciones son relativamente frecuentes), implica la adopción de medidas oportunas y eficaces para evitar el desperdicio, asegurar un uso racional de los recursos y garantizar el derecho al acceso y prestación del servicio de acueducto por parte de la comunidad.

En este sentido y para el caso de Santa Marta, la Defensoría insiste en que no obstante el plan de contingencia adoptado por Metroagua mediante labores de mantenimiento, interconexión y corte de líneas fraudulentas en sectores como Puerto Mosquito, Quebrada del Sena y el tramo Rodadero-Gaira, estas acciones son a todas luces insuficientes teniendo en cuenta que como lo advirtió la misma Defensoría del Pueblo desde agosto del año pasado, el 60 por ciento de los habitantes de esa ciudad no tiene acceso adecuado al líquido vital, situación que se agrava con el déficit tanto en los ríos como en las plantas de tratamiento, que según cifras oficiales supera los 3.260 y los 590 litros por segundo, respectivamente.

A este panorama en el Magdalena, donde poblaciones como Aracataca, Pueblo Viejo y Pibijay también afrontan problemas de acceso y abastecimiento, se suma el incendio que desde el 28 de Mayo consume varias hectáreas del Parque Isla Salamanca, emergencia que habría sido ocasionada por quemas ilegales y que aún no ha sido superada a pesar de la intervención los organismos de socorro y la Fuerza Aérea Colombiana.

En este orden de ideas, la Defensoría del Pueblo exhorta a la Unidad Administrativa de Parques Naturales, a los turistas, campesinos, cazadores, pescadores, carboneros y aserradores, para que por una parte refuercen los controles y las medidas de vigilancia, y por otra tomen conciencia sobre el urgente cuidado de la naturaleza, en aras de prevenir conflagraciones de estas características. Recuerda la Defensoría que según el artículo 350 del código penal, el cual tipifica el delito de incendio, quien de manera intencional provoque un incidente de esta índole, puede incurrir en prisión que va desde uno a hasta los 12 años, e invita a los ciudadanos a denunciar posibles casos de quemas voluntarias para que las autoridades actúen de conformidad e impongan las sanciones a que haya lugar.

No menos graves resultan los hechos de las últimas horas en el Valle del Cauca, donde desconocidos ocasionaron la ruptura de un tramo en la tubería de agua potable construida para surtir a 28 mil habitantes del corregimiento de Villagorgona, en el municipio de Candelaria, donde la Defensoría del Pueblo ha venido acompañando a la comunidad para resolver una problemática de meses, relacionada particularmente con temas de infraestructura.

A ello hay que agregar el contexto de excepción que luego de 3 años sigue padeciendo Yopal, en el Casanare, donde los inconvenientes de continuidad, regularidad y presión en las redes del acueducto se mantienen, obligando al abastecimiento mediante carrotanques para satisfacer las necesidades de 350 mil habitantes en esa ciudad.

Con estos antecedentes, la Defensoría del Pueblo exhorta al Ministerio del Medio Ambiente, a las Corporaciones Autónomas Regionales, a las Gobernaciones, a las Alcaldías Municipales y Distritales y a las empresas prestadoras de servicios públicos, a que no solo adopten los planes de contingencia necesarios para afrontar posibles emergencias ligadas al fenómeno de El Niño que se avecina, sino para que adicionalmente se configure una política pública que garantice el derecho del acceso al agua, fortalezca los mecanismos de regulación en la materia y asegure que la administración de los sistemas de acueducto en cualquier lugar del territorio nacional sea asumida por personal idóneo.

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