La Fiscalía reconoce que se violó la ley al facilitar información al Gobierno sobre los planes golpistas

CARACAS, 30 (EUROPA PRESS) La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha reconocido este viernes que se violó la ley al facilitar al Gobierno información sobre la investigación judicial sobre los supuestos planes de golpe de Estado, pero lo ha justificado al considerar que se trata de «un problema de seguridad del Estado».

«Es cierto que el Código Procesal Penal, en su artículo 286, nos habla del carácter reservado de las investigaciones, y que solamente pueden tener acceso a ellas quienes expresamente señala», ha dicho en un acto oficial.

«Pero estamos frente a un problema grave, un problema de seguridad de Estado, (por lo que) creo era necesario que una de las posibles víctimas (el presidente, Nicolás Maduro) tuviera conocimiento de este hecho)», ha justificado.

Además, ha amparado que el alcalde del municipio de Libertador, Jorge Rodríguez, difundiera las supuestas pruebas del golpe de Estado que algunos miembros de la oposición estarían urdiendo. «La Fiscal General también lo hubiese permitido», ha dicho.

La Ley contra la Corrupción castiga con hasta seis años de prisión al funcionario «que utilice, para sí o para otro, informaciones o datos de carácter reservado de los cuales tenga conocimiento en razón de su cargo», según ha informado el diario venezolano ‘El Universal’.

Ortega Díaz ya reveló ayer que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) autorizó la interceptación de las comunicaciones de la ex diputada María Corina Machado, gracias a lo cual se habría destapado el supuesto plan golpista.

La titular del Ministerio Público explicó que el SEBIN tomó esta determinación el pasado 18 de marzo, aunque sin la autorización judicial necesaria, por lo que estas escuchas no podrán ser usadas como pruebas en un eventual proceso penal.

«El artículo 186 del Código Procesal Penal establece que no se pueden considerar como pruebas todo aquello que sea obtenido de forma ilícita, sin embargo, estas comunicaciones están consideradas como un problema para el Estado y no podemos pasar inadvertidos ante un hecho que puede afectar la estabilidad y la paz del país», dijo.

GOLPE DE ESTADO

El pasado miércoles, Rodríguez denunció la existencia de un «complejo plan» para acabar con el país y su actual Gobierno. «Algunos sectores de la política venezolana se han confabulado para agredir a la patria venezolana y su democracia», afirmó.

Rodríguez detalló que «el plan tiene tres fases y una cuarta resolución: la ‘guarimba’ (disturbios callejeros), el golpe militar, el magnicidio para acabar con (el presidente venezolano, Nicolás) Maduro, y con ello instaurar la violencia para permitir la injerencia extranjera».

El líder local explicó que este intento de golpe de Estado ha sido desactivado «gracias a la cohesión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), orientada por el espíritu patriota que le inculcó (el ex presidente venezolano) Hugo Chávez».

«Gracias a ese espíritu de construcción de patria, de democracia que nuestro comandante impulsó e instauró en el corazón de todos los soldados es que el golpe de Estado y el golpe militar pudo desactivarse tan rápido como se hizo», valoró.

A pesar de que ha quedado neutralizado, ha pedido «que la Justicia actúe». «Esto es una investigación penal que arrojará resultados. Para que haya paz es imprescindible que haya Justicia», sostuvo, de acuerdo con la agencia de noticias AVN.

IMPLICADOS

Entre las personas implicadas en esta supuesta trama golpista destaca Machado, expulsada de la Asamblea Nacional después de intentar denunciar ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la represión del Gobierno de Maduro contra las manifestaciones iniciadas el pasado 12 de febrero.

El Gobierno ha difundido una serie de correos electrónicos supuestamente escritos por Machado y dirigidos al abogado constitucionalista Gustavo Tarre en los que rechaza la inacción de algunos políticos tras su expulsión de la Asamblea Nacional y advierte de que va a luchar hasta que el Gobierno se vaya.

El alcalde de Libertador también apuntó a los opositores Henrique Salas Romer, ex gobernador del estado de Carabobo, Pedro Mario Burelli y Diego Arria, que estarían implicado en este intercambio de correos.

Los planes golpistas irían más allá de Venezuela, ya que Rodríguez acusó al embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, al tiempo que instó al Departamento de Estado a aclarar si actuaba por su cuenta o con el apoyo de la Casa Blanca.

«Seria muy bueno y oportuno que el Departamento de Estado se desmarcara de la acción de uno de sus funcionarios. Veremos», dijo, indicando que «ha quedado demostrado el ‘lobby’ internacional que Machado ha hecho en el extranjero para agredir a Venezuela».

(EuropaPress)

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