Procurador y el Fiscal sostienen nuevo round sobre el Marco Jurídico para la Paz

Bogotá, 27 de Mayo ¬_RAM_ El Procurador Alejandro Ordoñez y el Fiscal Eduardo Montealegre volvieron a confrontar hoy opiniones en torno al llamado Marco Juridico para la Paz. Mientras el jefe del Ministerio Público se declaró opuesto a la aplicación de penas alternativas para los guerrilleros de las Farc y en contra de la participación de los mismos en política, el jefe del organismo judicial de investigación avaló estas medidas y sostuvo que la participación en política de los desmovilizados no constituye una forma de impunidad.

La confrontación se produjo en el marco de la segunda audiencia celebrada en la Corte Constitucional en torno a la demanda instaurada contra varios articulos del Marco Juridico de la Paz.

El primero en intervenir fue el procurador Ordoñez Maldonado, quien pidió al alto tribunal cerrarle la puerta a la impunidad y evitar que se “constitucionalicen” en Colombia todas las formas de lucha.

“Estamos frente a una ‘constitucionalización’ de todas las formas de lucha”, precisó el Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, quien volvió a cuestionar al Fiscal Montealegre por su posición de otorgar trabajo social y penas alternativas para los guerrilleros de las Farc que han cometido delitos atroces y de lesa humanidad.

Ordoñez Maldonado dijo que los artículos demandados del Marco Juridico para la Paz garantizan la impunidad, desconocen los derechos a las víctimas y privilegian al victimario.

Añadió que al seleccionar a los máximos responsables de delitos de lesa humanidad, de crímenes de guerra y genocidios, se está generando impunidad.

“Hay un catálogo de delitos que no pueden ser amnistiados ni indultados”, precisó y concretamente subrayó que se privilegian 12 modalidades de delitos de lesa humanidad, 16 modalidades de crímenes de guerra y 5 modalidades de genocidios.

“Permitir participación en política automática de autores de estos delitos equivale a violar los derechos de las víctimas”, complementó.

Dijo que los delitos internacionales no pueden ser considerados conexos al delito político para ser indultados y amnistiados y agregó:
“El mundo ya conoce los resultados de esos pseudoprocesos de paz con amnistías o indultos velados”.

Advirtió que “si se declara exequible el Artículo 3 de Marco Jurídico para la Paz, tendremos marco constitucional que garantiza la impunidad” y además sustentó que las estrictas exigencias internacionales referidas a castigar a crímenes atroces, excluyen la posibilidad de indulto o amnistía.

“Conducta que adquiera connotación de crimen de guerra o delito de lesa humanidad, rompe cualquier nexo con delitos políticos” advirtió el Procurador y estableció que los propios instrumentos internacionales imponen límites.

Habló de los derechos de las víctimas y dijo que “son justamente eso, derechos” y preguntó:

“¿Tienen derecho las víctimas a que sus victimarios no pasen de manera impune y automática a diseñar las instituciones?.
Añadio que la “Corte no ha entendido justicia transicional como resultado de negociación entre sociedad que clama la paz y victimarios que quieren poder”

“Permitir participación en política automática de autores de estos delitos equivale a violar los derechos de las víctimas”, precisó.
Además dijo que se pretende premiar “a los victimarios con salarios oficiales y posibilita que ellos diseñen las políticas públicas de reparación”.

“Se exigen sanciones proporcionales, a delitos severos penas severas, no trabajo social, señor fiscal”, expresó dirigiendose a Montealegre.

“¿No se revictimiza a la víctima cuando se le dice que su victimario ahora ocupa un cargo de poder y que puede imponerle leyes?”, cuestionó.

También señalo que “si pasó una vez dirán, por qué no va a volver a ocurrir. El mensaje de fondo: El crimen sí paga”.

“El mundo ya conoce los resultados de esos pseudoprocesos de paz con amnistías o indultos velados”, complementó el Procurador Ordóñez Maldonado, quien insistió en que “delitos internacionales no pueden ser considerados conexos al delito político para ser indultados y amnistiados”.

El Estado no existe para amparar a quienes han violado los Derechos Humanos”, expresó Ordóñez, quien advirtió que “uno de los mayores combustibles de la guerra paramilitar fue la impunidad del proceso de paz de 1986″.

A su turno, el Fiscal Eduardo Montealegre defendió su posición frente al tema y pidió declarar inexequible el artículo del Marco Jurídico para la paz que impone límites para la participación en política de los guerrilleros que se desmovilicen como resultado del acuerdo de paz y que hayan sido sancionados por la comisión de delitos de lesa humanidad, genocidios y de guerra.

Montealegre advirtió que al imponer estos límites el congreso excedió sus competencias y estableció una prohibiciones que limitan de forma absoluta la participación política y cercena la posibilidad de buscar una salida negociada al conflicto, “porque impide la participación en política y profundiza la exclusión de esos miembros en la sociedad”.

Negó que la participación en política de los desmovilizados no constituye una forma de impunidad y advirtió que en todos los casos siempre se debe proteger los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.

“Todas las autoridades del Estado deben propender por el logro de paz, de lo contrario la paz sería un ideal inalcanzable e irrealizable”, puntualizó el fiscal.

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