Cuatro mil fiscales y 9000 investigadores del CTI en las elecciones del 25 de mayo

Bogotá, 22 de Mayo ¬_RAM_ Nueve mil funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y 4000 fiscales estarán atendiendo las denuncias que la ciudadanía presente el próximo 25 de mayo, cuando se realice la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Esto complementa el plan que ha desarrollado el ente acusador durante este año para perseguir por delitos electorales y conexos. La Fiscalía General de la Nación dispuso de 104 funcionarios en el nivel nacional más doce extra para las recién creadas seccionales de Casanare, Guainía, Amazonas, Guaviare, San Andrés y Vichada, que han venido trabajando todo este tiempo con el fin de atacar este problema.

Camilo Burbano, Director Nacional del Sistema Penal Acusatorio de la Fiscalía, aseguró que la entidad “tiene un plan integral para combatir los delitos electorales en los próximos comicios. Se ha destacado un grupo élite de 116 funcionarios para la investigación de delitos electorales”.

Estas personas, enfatizó el funcionario, tienen una capacitación especial realizada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, la UIAF y otras organizaciones, que los hace especialistas en delitos electorales.

Del mismo modo, afirmó, “la Fiscalía General ha dispuesto que los 9000 funcionarios que hacen parte del CTI saldrán a la calle y estarán en puestos cercanos a los lugares de votación, así como los 4000 fiscales”.

En este programa, la Fiscalía dio a los miembros de la Fuerza Pública capacitaciones sobre delitos electorales para que sepan cuál es la evidencia que deben tener al momento de judicializar algún caso.

Filtración de datos

Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación determinó la asignación de un equipo de analistas para verificar los hechos reportados por medios de comunicación en los que se informa acerca de una posible transmisión o filtración de los resultados electorales de las votaciones en el exterior.

Teniendo en cuanta la legislación electoral vigente, en especial la ley 1475 de 2011 y el decreto 011 de 2014, “los resultados parciales del escrutinio de las mesas ubicadas dentro de las sedes autorizadas (en los consulados) no podrán ser publicados sino una vez finalizada la jornada electoral en el territorio colombiano.

Por lo tanto cualquier divulgación o utilización extemporánea de los mismos, durante la semana previa podría dar lugar ilícitos penales por parte funcionarios que tengan competencias electorales permanentes o transitorias en el exterior, como lo son jurados, testigos electorales o funcionarios consulares y que deban mantener la reserva de los resultados parciales. Se evalúa la posible comisión de los delitos de revelación de secreto (art. 418 código penal) o utilización de asunto sometido a secreto o reserva (art. 419 código penal), entre otros.

Burbano dijo que “la Fiscalía inició una investigación para determinar si existió una filtración, si fue real y si se cometieron delitos. Para esto hay un grupo especializado que está investigando el tema”.

426 investigaciones

En el presente año, los fiscales adelantan 426 investigaciones penales por denuncias que se han realizado frente a posibles delitos en Colombia contra los mecanismos de participación democrática con ocasión de los procesos electorales del 2014 en el país.

Durante las campañas electorales efectuadas en el país, la Fiscalía General de la Nación tiene en etapa de indagación 412 casos, en seis situaciones se ha desarrollado la imputación y cuatro procesos están en etapa de juicio, entre otras actuaciones.

El informe oficial indica que la distribución regional de estas conductas comienza en Antioquia, con 57 casos, y siguen Atlántico, con 36; Bolívar, 35; Nariño, con 28; Bogotá, 26; Tolima, 25; Valle del Cauca, 21; Córdoba, 19; Cundinamarca, 18; Magdalena, 17; Santander, 17; Caldas, 15; Norte de Santander, 14; Chocó, 13; Cesar, 11; Sucre, 10; Meta, 9; Caquetá, 8; Boyacá, 7; Huila, 7; Risaralda, 7; Quindío, 6; Casanare, 4; Arauca, 3; Putumayo3; Cauca, 1; Guaviare, 2; Vaupés, 2; Amazonas, 1; San Andrés, 1; Guainía, 1; La Guajira, 1, y Vichada, 1 caso.

En el contexto nacional, la Fiscalía General de la Nación adelanta investigaciones por corrupción al sufragante (95 casos), fraude en la inscripción de cédulas (70 casos), voto fraudulento (45 casos), constreñimiento al sufragante (36 casos), ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula (35 casos), alteración de resultados electorales (35 casos), fraude al sufragante (32 casos), delitos contra mecanismos de participación democrática (30 casos), intervención en política (24 casos), perturbación de certamen democrático (21 casos), denegación de inscripción (1 caso), favorecimiento de voto fraudulento (1 caso) y mora en la entrega de documentos electorales (1 caso).

Específicamente sobre las elecciones del pasado 9 de marzo, cuando se escogió el Congreso de la República, fueron capturadas 250 personas, de las cuales 173 correspondió a individuos con órdenes de captura por diversos delitos y se les capturó en el momento de acercarse e identificarse ante los jurados de votación y 77 ciudadanos fueron objeto de esta medida judicial por presuntamente incurrir en delitos electorales.

Precisamente ese día, los delitos más comunes fueron corrupción al sufragante (compra de votos), voto fraudulento (suplantación), participación en política de servidor público y alteración de resultados electorales. Las ciudades más afectadas fueron Pasto (Nariño), con siete casos; Montería (Córdoba) con seis casos; Barranquilla con seis casos y Villavicencio y Neiva con cinco cada una.

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