Defensoría en alerta por desplazamiento en el Pacífico

Bogotá, 21 de Mayo ¬_RAM_ Un nuevo y urgente llamado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para profundizar las acciones de protección de los territorios, evitar el desplazamiento forzado de las comunidades, e implementar medidas de asistencia con enfoque diferencial, hizo la Defensoría del Pueblo ante la grave situación de desarraigo que se presenta en la Costa Pacífica y que afecta principalmente a los indígenas y a los afrocolombianos.

De acuerdo con un informe elaborado por la Delegada para los Derechos de la Población Desplazada de la Defensoría, el cual recoge datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), el 48,1 por ciento de los desplazados por el conflicto se concentra en los departamentos de Nariño, Valle, Cauca y Chocó, donde respectivamente y según cifras a cierre de 2013 se reportaron 18.167, 17.468, 12.156 y 7.736 personas en condición de desplazamiento sobre un total de 115.133 registros en ese mismo período.

La situación más reciente es la registrada en el Alto Baudó, donde más de 2.500 personas fueron desterradas como consecuencia de enfrentamientos entre guerrilleros del ELN y miembros de un grupo armado post desmovilización conocido como las Autodefensas Gaitanistas.

Por otra parte, el accionar de grupos armados ilegales como las FARC, que por ejemplo en el caso de Nariño tiene alta presencia a través del frente 48, las columnas móviles Mariscal Sucre y Daniel Aldana, afectando a municipios como Ipiales, Cumbal, Ricaurte, Barbacoas y Tumaco (escenario de un reciente y confuso ataque con explosivos), complica el panorama de derechos humanos para estas comunidades.

En el caso del Valle del Cauca, las expresiones violentas de la guerrilla que contribuyen a acrecentar el fenómeno del desplazamiento forzado, se vislumbran especialmente en jurisdicción de Florida, Pradera, Buga y Tuluá, mientras en Cauca, donde hace tan sólo 24 horas se reportó el hallazgo de cilindros y artefactos explosivos, la atención se concentra en localidades como Jambaló, Santander de Quilichao, Caldono, Toribío, Buenos Aires, Suárez, López de Micay, Timbiquí y Guapi.

A ello se suma la injerencia de los grupos armados post-desmovilización de las Autodefensas, también llamados “bandas criminales”, que a diferencia de las guerrillas de las FARC y el ELN permanecen en los cascos urbanos de los municipios protagonizando acciones como el sicariato por ajustes de cuentas, las extorsiones y el microtráfico, manifestaciones que además de las amenazas alimentan el temor de los ciudadanos y provocan el desplazamiento de las comunidades. Es el caso de Buenaventura, que de manera preocupante reúne al 11,7 por ciento de la población desplazada a nivel nacional durante 2013, seguida por Tumaco con el 9,5 por ciento del total.

De la lista de los 25 municipios con mayor índice de expulsión en el país, 12 hacen parte de los cuatro departamentos del Pacífico, discriminados así:

1. Valle del Cauca: Buenaventura (13.468), Cali: (1.019)
2. Nariño: Tumaco (10.430)
3. Chocó: Quibdó (1.624), Litoral del San Juan (1.539), Riosucio (754), Bajo Baudó (699)
4. Cauca: Suárez (1.412), López de Micay (1.274), Argelia (1.145), Timbiquí (1.107), El Tambo (863), Bolívar (863).

Durante 2013 se presentaron 91 eventos de desplazamiento masivo, es decir el 86 por ciento del total, con una población estimada de víctimas de 26.237 personas, siendo precisamente el departamento del Cauca el más afectado por esta situación con 27 eventos, seguido de Chocó con 17 y Nariño con 13. De acuerdo con los datos recopilados por la Defensoría del Pueblo y cruzados con la información de otras instituciones, se establece que el 47,7 por ciento de los desplazados pertenecen a comunidades negras y el 23, 9 por ciento a comunidades indígenas.

Otras modalidades relacionadas con este flagelo son los desplazamientos intraurbanos y el confinamiento, que a nivel nacional arrojan cifras de 6.682 y 12.551 personas afectadas, respectivamente, equivalentes a una participación del 17,2 y el 32,3 por ciento. Aquí, Nariño aparece como el departamento con mayor impacto en materia de confinamiento, siendo las comunidades indígenas Awa y los consejos comunitarios del Río Patía en Roberto Payán los más golpeados. El Cauca tampoco ha sido esquivo a esta realidad, donde hubo recurrentes restricciones a la movilidad y confinamiento como en el municipio de Guapi, particularmente en las veredas El Naranjo, Yantín, Rosario,

San Vicente, Las Juntas, Balsita, Santa Clara, San Agustín y Caimito.

Respecto a los desplazamientos intraurbanos, durante 2013 se registraron 8 eventos, tres de ellos ocurridos en Buenaventura y uno en la ciudad de Cali, más específicamente en el sector de Potrero Grande.

Así las cosas, y como lo ha advertido la Defensoría del Pueblo en pronunciamientos recientes, el escalonamiento del conflicto en el occidente del país, significa una grave amenaza para los derechos humanos de las comunidades allí asentadas (en su gran mayoría afrocolombianos), y por lo tanto para la Entidad resulta necesario y urgente fortalecer las medidas de prevención, y avanzar en tareas como los mecanismos de inclusión para las víctimas.

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