Petrismo, el nuevo aliado de la reelección

Bogotá, 13 de Mayo ¬_RAM_ Aunque Progresistas se dividió a raíz de un acto público de respaldo a la Unidad Nacional y sus esfuerzos de paz, sus principales voceros dicen que es momento de decidir entre la paz y la guerra.

Buena parte del movimiento Progresistas, cuya cabeza es el alcalde de Bogotá Gustavo Petro y que, formalmente, hace parte de la Alianza Verde, participó en un acto de adhesión a los esfuerzos por la paz que viene haciendo el Partido Liberal. Sin embargo, en época electoral, el evento tiene múltiples implicaciones e interpretaciones. La primera: el petrismo se vinculó a la campaña de Juan Manuel Santos por la reelección.

“Es el momento histórico para tomar decisiones claras y definitivas entre los que están por el Estado Social Derecho y la paz, o los que están con la guerra”, dijo al término del evento Guillermo Alfonso Jaramillo, admitiendo el carácter electoral del acto que fue facilitado por los liberales Juan Fernando Cristo, Guillermo Rivera y Horacio Serpa.

Además de Jaramillo, otras figuras progresistas como el senador Jorge Guevara y los concejales de Bogotá Yezid García, Diana Rodríguez y Boris Montesdeoca se vincularon de lleno al “acuerdo programático” que quedó sellado entre el progresismo y el liberalismo. Los puntos fundamentales de dicho acuerdo son compromisos para mejorar la salud y la educación, así como la garantía del mínimo vital de agua para los colombianos.

“Aunque hay algunos progresistas que no apoyarán esto, a lo que llegamos fue a un acuerdo programático de coalición”, dijo Jaramillo. Y es que, precisamente, figuras de ese movimiento como Angélica Lozano o Antonio Navarro Wolff, elegidos congresistas con el aval de la Alianza Verde, manifestaron su desacuerdo con el acto.

“No estoy de acuerdo en que usen el nombre de Progresistas. Que se unan a la campaña de Santos, pero a título personal porque ese acto nunca fue consultado”, dijo la representante electa Angélica Lozano. Sin embargo, fuentes del movimiento dicen que el máximo líder de Progresistas, Gustavo Petro, sí fue consultado y que él mismo, en privado, previniendo cualquier participación en política, habría dado el aval para la celebración de este “pacto programático”.

Según las mismas fuentes, cercanas al despacho de Petro, la adhesión sería una jugada a tres bandas. Primero, sería la posibilidad de ganar simpatías en el gobierno, el único actor que podría garantizar que Petro termine su mandato en Bogotá. Segundo, apostarle y ser protagonistas de la paz, que ha sido una de las banderas de ese movimiento. Y tercero, evitar que enemigos acérrimos del alcalde controlen el poder ejecutivo.

Los afectados, sin duda, son la candidatura de Enrique Peñalosa y la Alianza Verde. Luego del 9 de marzo, sectores cercanos a Petro se habían reunido con emisarios del candidato verde, con fuerzas del Polo y la Unión Patriótica y con los liberales que hoy formalizan el acuerdo. Sin embargo, los progresistas se abstuvieron de declararse partícipes de la campaña pues, para ellos, Peñalosa no se había deslindado del todo del uribismo, la candidatura de izquierda los aislaba de los debates fundamentales del país y la confianza con el santismo estaba rota.

La disyuntiva post destitución

El 19 de marzo, cuando el presidente Santos decidió no acatar las medidas cautelares que pidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para frenar los efectos de la destitución de Gustavo Petro, las relaciones entre el progresismo y la Unidad Nacional parecían rotas. Sobre todo, porque, según contó el mismo Petro a este diario, el primer mandatario se habría comprometido con él a acatar las medidas si éstas llegaban antes de que fuera inevitable la firma del decreto que le destituía; y “no cumplió”.
Petro dijo que se reuniría con el expresidente Álvaro Uribe y con la comisión de las Farc que negocia la paz en Cuba, para plantear una constituyente que, entre otras disposiciones, limitara los alcances del Ministerio Público para disciplinar a funcionarios elegidos por voto popular. El mismo organismo de control que le destituyó e inhabilitó desde el pasado 9 de diciembre.

Semanas después de que el decreto de destitución quedara en firme, el mismo presidente repitió en distintos medios de comunicación que, si un juez se lo ordenaba, restituiría a Petro. Al parecer, según fuentes del progresismo y de la Unidad Nacional, Santos habría estado dispuesto a restituir a Petro a cambio de que éste no participara en el juego electoral o que, en el peor de los casos, no respaldara a Peñalosa. Finalmente, la restitución se dio mediante un fallo de tutela aunque, dos días después, la Presidencia impugnó la decisión judicial.

Ahora, con Petro restituido, todos los actores de esta historia se encuentran a la espera de decisiones del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la misma Corte Constitucional que le permitan o le nieguen al progresismo la posibilidad de terminar el mandato en Bogotá en diciembre de 2015. Por ello, la capacidad que tiene la Unidad Nacional de mover poderes políticos en los tribunales no es despreciable para Petro y sería la principal motivación de sus alfiles para respaldar hoy a Santos.

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