Bogotá, 13 de Mayo ¬_RAM_ La reciente renovación del espectro radioeléctrico de Claro y Movistar tiene al ministro de las TIC, Diego Molano Vega, en la mira de la Contraloría General de la República.
El ente de control abrió una investigación contra Molano por la renovación del espectro radioeléctrico, en una asignación en la que “pudo obviarse lo estipulado por la Constitución en cuanto a las normas de mercado y la igualdad de los oferentes”.
La Contraloría recordó que en mayo de 2013 “advirtió sobre la urgencia de adoptar un plan de contingencia para mitigar los riesgos que conllevaría la terminación de los contratos de concesión de telefonía móvil y la adjudicación de los nuevos”. En su momento la entidad también hizo énfasis en la necesidad de no sólo de garantizar la continuidad del servicio, sino además de “respetar las cláusulas de reversión de los contratos de concesión tanto de la infraestructura como del espectro a los actuales concesionarios de telefonía móvil”.
Sin embargo, según la Contraloría, en Marzo del presente año decidió “aplicar la ley 1341 de 2009 renovando el espectro radioeléctrico a los mismos contratistas de telefonía móvil lo que sorprendió y generó dudas en este organismo de control toda vez que configura una adjudicación directa y se desconoce el derecho constitucional de garantizar la igualdad de oportunidades en el mercado y la competencia sin evitar prácticas monopolísticas y desconociendo el proceso de selección objetiva establecido por la misma ley 1341 de 2009. Este escenario, escogido por el MinTIC podría atentar contra las normas de competencia en el sector”, aseguró el ente de control en un comunicado.
En su momento el Ministro Molano explicó que la renovación de las licencias tendría un costo de 4,1 billones de pesos para los dos operadores. De dicho monto cada compañía debe pagar 286 mil millones de pesos de contado, más un 0,7 por ciento de sus ingresos brutos.
Además las firmas deberán cancelar una variable equivalente al 2,2 por ciento de sus ingresos brutos, lo que da como resultado que la licencia para Claro tendrá un costo de 2,7 billones de pesos, mientras que para Movistar el valor ascenderá a cerca de 1,3 billones de pesos.
Al respecto la Contraloría concluye que el Ministro Molano, con el fin de renovar el espectro por 10 años más, “evitó aplicar el artículo 11, que ordena la selección objetiva y la competencia en la asignación del espectro, es una manera fragmentada de interpretar la ley. Adicionalmente se obvió tener en cuenta lo dispuesto en la parte final del artículo 10 de la misma Ley, la cual indica claramente que dicho artículo no incluye el derecho al uso del espectro radioeléctrico, lo que se permitió con la renovación realizada por el Ministerio”.
Preocupación por posible detrimento
Otro de los puntos en los que hizo énfasis la Contraloría es que con la renovación que estableció el Ministerio TIC, los recursos no ingresarán a las arcas de la Nación en efectivo, sino “bajo la modalidad de obligaciones de hacer que corresponden al desarrollo mismo de las operaciones y de otros compromisos adquiridos de tiempo atrás con el Ministerio, por lo que el precio podría terminar reducido a cero lo que generaría un detrimento para la Nación”.
“Por tal motivo, la Contraloría General iniciará las investigaciones fiscales pertinentes por los efectos económicos que para la nación se generarían por la no aplicación de los adecuados mecanismos de mercado en la asignación del espectro. Adicional a esto se harán los traslados correspondientes a las entidades competentes”, finalizó el comunicado.
Al respecto el Ministerio TIC aseguró que no se le ha notificado formalmente sobre la “posible investigación” por los contratos de renovación del espectro para los operadores de telecomunicaciones Claro y Movistar, por lo que se pronunciará luego de que exista una notificación oficial.
Sin embargo el Ministerio aseguró que adelantó este proceso con el objetivo de favorecer a los colombianos, velar por el desarrollo de la industria de telecomunicaciones en el país y maximizar los recursos del Estado.