“Hackers” y “ética” política

Hasta ahora los colombianos sabemos muy poco de la relación entre hackers y política y entre hackers y poder.

Salvo lo que ha salido sobre Andrés Fernando Sepúlveda –un hacker ético– y lo que divulgó Noticias Uno el fin de semana sobre otro personaje desconocido, Carlos Escobar, dueño de la empresa Zozyal. Aún no está abierto el debate sobre las relaciones pocos transparentes entre ambos y mucho menos de lo que son capaces esta especie de “asaltantes de camino” de la superautopista de la información.

Nunca aparecen en los registros de medios cuando se dan a conocer los equipos de campaña de los candidatos presidenciales o de los congresistas, pero su tarea en la sombra termina siendo tanto o más “importante” que la de un asesor de comunicaciones o la de un publicista en la medida en que las redes sociales se han vuelto más relevantes, para bien y para mal. De hecho, ofrecen servicios estrechamente relacionados con las anteriores.

En el papel, ofrecen a los candidatos servicios SEO (Search Engine Optimizer) para hacerlos visibles en las páginas de Google+, Yahoo, y Bing y para que los mensajes logren capacidad de impacto y al mismo para contrarrestar las noticias negativas. Esto para un cuestionado candidato al Congreso termina siendo de mucho valor. También se encargan de manejarles el perfil en las redes Twitter, Facebook e Instagram. Los altos impactos que logran en internet se obtienen a través de la creación de miles de cuentas inventadas que, en el caso de Twiter, no pasan de tener más de 10 seguidores. Ese es uno de los valores agregados importantes de esas empresas que pueden cobrar hasta 20 millones de pesos mensuales por sus servicios.

En la práctica, su labor es un trabajo sucio. Responder con mensajes agresivos a quienes cuestionan a su cliente; crear cuentas falsas en las redes –muchas veces usando nombres de personas influyentes en la opinión—para causar daño a sus rivales políticos o a periodistas, “hackear páginas”, generar contenidos virales y hacer seguimiento a las actividades en la red a sus “enemigos”.

Los programas informáticos que manejan son de tan alta sofisticación que pueden darle acceso a información de seguridad del Estado, como sucede en el caso de Sepúlveda que espió al proceso de paz.

Una fuente que trabajó en una campaña reveló a este blog que en sus ofertas de servicio, una de las firmas involucradas en el escándalo demostró cómo podían alterar el contenido de un portal de noticias de un medio importante o “tumbar” una página si el cliente consideraba que lo publicado le podía hacer daño. En otras palabras, atentar contra la libertad de expresión.

Estas son las nuevas amenazas que empiezan a tener los medios y en general la libertad de expresión por cuenta de estos ejércitos dedicados a asaltar en el camino de la red. Lo que está pasando puede ser el momento para demandar de las campañas, los políticos y el Gobierno transparencia en el manejo de las relaciones con esas empresas. Informar a la opinión sobre el tipo de relación contractual, las tareas que cumplen esos “asesores”, el valor de sus servicios y obligarlos a que hagan parte de un registro oficial.

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