Escándalos dañan proceso electoral en Colombia

AGENCE FRANCE PRESSE
BOGOTA — La campaña electoral colombiana se ha convertido en un asunto judicial por las denuncias de financiación ilegal, espionaje y sabotaje que afectan a las candidaturas mejor situadas en las encuestas sobre intención de voto cuando faltan hoy solo dos semanas para los comicios.

La Fiscalía General anunció el domingo que abrió una investigación “para averiguar la veracidad de los hechos denunciados públicamente” por el ex presidente y senador electo Alvaro Uribe, quien la semana pasada planteó lo que llamó “hipótesis” de financiación irregular de la campaña del presidente Juan Manuel Santos.

Como parte de ese proceso, el vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, a quien se le asignó el caso, citó a Uribe a su despacho “para que bajo la gravedad de juramento amplíe la denuncia hecha el jueves 8 de mayo y exhiba los documentos o evidencias que tenga para sustentar las afirmaciones que hizo públicamente”.

El jueves Uribe (2002-2010) dijo que la Fiscalía debe investigar la “hipótesis” de que el publicista venezolano J.J. Rendón, ex asesor de propaganda de la campaña de Santos, haya entregado $2 millones para pagar deudas de la elección del 2010.

Rendón, un publicista venezolano que trabajó en la anterior campaña de Santos y en la actual, renunció el lunes al cargo de estratega de propaganda después de que la prensa publicara que en el 2011 mantuvo contactos con un narcotraficante.

Rendón afirmó que jamás recibió “un centavo de personas al margen de la ley”, que su mediación fue de la “mejor buena fe” y que no se tramitó de manera oculta, pero decidió renunciar para no hacer daño a la campaña de Santos.

Este caso se suma a una investigación penal que lleva a cabo la Fiscalía “por los delitos de espionaje, acceso abusivo a sistemas informáticos agravado, uso de software malicioso y violación de datos personales” contra un pirata informático relacionado con la campaña del Centro Democrático, el movimiento liderado por Uribe.

La investigación es contra Andrés Sepúlveda, detenido el martes último en un registro que hizo la Fiscalía en la sede de una empresa desde la que, según este organismo, se interceptaron ilegalmente correos electrónicos, supuestamente con el fin de “sabotear” el proceso de paz del gobierno con las FARC.

El Centro Democrático reconoció que la empresa en la que trabajaba Sepúlveda le ha prestado “servicios de divulgación en redes sociales y seguridad informática” a la campaña de su candidato presidencial, Oscar Iván Zuluaga, nuevo delfín de Uribe.

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