La licitación para la recuperación de la navegabilidad por el río Magdalena abierta recientemente por Cormagdalena, por un valor de $2,5 billones, es objeto de polémica por cuenta de los consorcios preseleccionados para participar en el proceso y sus vínculos con poderosos grupos políticos de esta región.
El director de Cormagdalena, Augusto García, ante señalamientos en la W Radio, defendió el proceso de precalificación de inversionistas interesados en este proyecto, y dijo que la Cámara Colombiana de la Infraestructura reconoció la “probidad” del mismo.
Las precalificadas son el grupo Navega Magdalena, cuyos integrantes son Jan de Nul sucursal Colombia, Acciona Concesiones SL, Consultores del Desarrollo S.A. y Castro Tcherassi S.A.
En el Consorcio Desarrollo Río Magdalena, Coderma, figuran Iridium Colombia Desarrollo de Infraestructura S.A.S., Van Oord Colombia S.A.S., RM Holding S.A.S., Juneau Business Inc. Como tercer grupo fue escogido PSF Navelena S.A.S, integrado por Odebrecht y Valores y Contratos, Valorcon.
Consultores para el Desarrollo es propiedad de la familia Name, grupo político costeño, y Castro Tcherassi es de la familia del presidente de Bancoldex, Luis Fernando Castro, quien en su momento fue mencionado como gestor del nombramiento de García, situación que negó tajantemente.
Según García, las mencionadas firmas “no aportaron experiencia, se necesitaba de un 25% o más, y quienes acreditaron experiencia (en tema de dragado) fueron Acciona de España y Jan De Nul”. Valores y Contrato es otra familia política reconocida: los Gerlein.
García dijo que el proyecto ha tenido el acompañamiento de la Procuraduría y que desde hace dos años se ha discutido y ha sido revisado, tanto por el Ministerio Público como por la Presidencia, a través de la Alta Consejería para la Moralidad.
Hizo hincapié en que las condiciones exigidas para calificar fueron altas, entre otras que tuvieran experiencia comprobada de 2,5 millones de metros cúbicos en enrocado y 4 millones de metros cúbicos en dragado elaborado en un año.
“El proceso se inició desde enero del año pasado y fue acompañado por solicitud nuestra de la Procuraduría y la evaluación por la Alta Consejería y adicionalmente la junta directiva de Cormagdalena, de la cual hacen parte cinco ministros”, dijo García.
Añadió que “no fue una decisión tomada a escondidas y sin que se consultaran las normas que regulan este contrato”. “No creo que haya razón para cuestionar el proyecto y su proceso”, afirmó García quien ayer en Santa Marta participó en el Encuentro Nacional Portuario.
EL HERALDO