Procurador requiere a Agencia Minera y a ministerios de Minas y Trabajo por tragedias mineras

Tras las tragedias ocurridas recientemente en la mina “El Platanal” del municipio de Buriticá (Antioquia), y en la mina de Santander de Quilichao (Cauca), el Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez Maldonado pidió a la Agencia Nacional Minera y a los ministerios de Trabajo y de Minas y Energía entregar un informe detallado relacionado con las políticas efectivas que han implementado sobre seguridad minera y las gestiones concretas adelantadas para evitar el funcionamiento de minas ilegales, que ponen en peligro la vida e integridad de la gente que laboran en ellas.

El procurador general requirió asimismo a los citados ministerios para que precisen si ya se actualizaron los reglamentos de higiene y seguridad en las labores de minería subterránea y a cielo abierto, en razón a que hasta el momento no se conocen resultados concretos sobre el particular.

Al Ministerio del Trabajo le instó además informar sobre las gestiones adelantadas para reglamentar la supervisión a empresas de alto riesgo, en este caso del sector minero, en consideración a las solicitudes que la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social realizó el 28 de febrero de 2013 y el 4 de abril del presente año.

El Procurador recordó que desde el 2011 Ministerio Público había requerido acciones concretas en materia de seguridad minera y al efecto detalló la Circular 017 expedida el 29 de junio de 2011.

Destaca que en esa circular había llamado la atención de las autoridades responsables de la extracción, explotación y uso de los recursos mineros en Colombia, “para que se generen políticas públicas sobre seguridad minera, seguridad social y trabajo decente, con el fin de salvaguardar la vida e integridad física del personal que labora en las minas, así como evitar el aprovechamiento ilícito de estos recursos, debido a la alta accidentalidad y a los desafortunados fallecimientos qua ocurren permanentemente en Colombia”.

En esa oportunidad el jefe del Ministerio Público había requerido acciones concretas para lograr un mayor control de los riesgos propios de esta actividad, la explotación de estos recursos naturales en forma legal, y erradicar el trabajo informal e infantil en el sector.
Entre los aspectos señalados por el procurador general está la responsabilidad de la autoridad minera en la promoción de una cultura de prevención entre los empresarios y trabajadores mineros; la capacitación y entrenamiento en temas de seguridad y control de riesgos; la divulgación de los reglamentos de seguridad minera; el ejercicio de una estricta vigilancia y control en la aplicación de las normas de seguridad minera, así como el aprovechamiento racional de los recursos minerales, teniendo en cuenta que su extracción, explotación y uso se haga de acuerdo con las normas legales, los parámetros técnicos, ambientales y de conformidad con la geología e ingeniería de minas.

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