Procuraduría pide investigar al presidente Juan Manuel Santos

Bogotá, 05 de Mayo ¬_RAM_La Procuraduría General de la Nación compulsó este lunes copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que abra una investigación contra el presidente Juan Manuel Santos por presuntos favorecimientos a su campaña a través de los denominados ‘cupos indicativos’ que benefician a alcaldes y gobernadores.

El Ministerio público señaló en un comunicado que solicitó “que se investigue por el presunto manejo irregular del presupuesto y utilización de la nómina oficial de entidades del orden central y descentralizado, con el fin de favorecer su campaña reeleccionista a la Presidencia de la República”.

A través de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales, el máximo organismo del Ministerio Público anunció acciones disciplinarias que adelanta frente a las quejas presentadas por diferentes actores sobre presuntas irregularidades relacionadas con la actual contienda electoral por la presidencia de la República.

Traslado de quejas a la Comisión de Acusaciones

Por ser de su competencia, la Procuraduría General de la Nación impartió traslado a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de las quejas presentadas para que se investigue al señor presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, por tres casos específicos:

1. Presuntamente favorecer su campaña electoral con motivo de sus desplazamientos como candidato a la reelección presidencial, de manera directa o a través de funcionarios de su Gobierno, utilizando su condición de mandatario para reunirse con autoridades locales y departamentales (alcaldes, secretarios de Despacho), al parecer con el fin de capitalizarlos y asegurar el apoyo a su campaña a cambio de partidas presupuestales para el desarrollo regional.

2. Presunto manejo irregular del presupuesto y utilización de la nómina oficial de entidades del orden central y descentralizado, con el fin de favorecer su campaña reeleccionista a la Presidencia de la República.

3. Presunto tráfico de influencias y desvío de poder en diversos nombramientos efectuados durante los años 2010 y 2011 en entidades del orden nacional y descentralizado.

Indagaciones preliminares contra servidores públicos

– La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra congresistas de la República por presuntamente influir en el manejo irregular del presupuesto y la contratación de la nómina oficial del Gobierno Nacional, tanto en años anteriores como en el presente, en apoyo a la campaña electoral que adelanta el presidente de la República.

– Apertura de indagación preliminar al gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo, por presunta intervención indebida en política con el fin, al parecer, de adquirir compromisos de apoyo en favor de campañas políticas al Congreso y la Presidencia de la República.

– Apertura de indagación preliminar a los alcaldes de los siguientes municipios del departamento de Antioquia: Apartadó, Chigorodó, Necoclí, Arboletes, San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá y Carepa, así como también respecto de otros funcionarios del orden local de dichos municipios, por sostener, presuntamente, reuniones político-electorales con miembros de una de las campañas a la Presidencia de la República y al parecer con el señor Augusto Posada, de quien se afirma es el gerente de campaña del presidente-candidato Juan Manuel Santos Calderón; citas que, al parecer, tenían como objeto conseguir el apoyo a dicha opción electoral para las votaciones del próximo 25 de mayo, a cambio de prebendas.

Evaluación de información previa a posibles actuaciones disciplinarias

– El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, ordenó a las procuradurías delegadas para la Economía y Hacienda Pública, Contratación Estatal y la Auxiliar Disciplinaria, evaluar las denuncias y realizar averiguaciones con el fin de abrir, eventualmente, las investigaciones que correspondan contra autoridades del orden nacional, miembros del Congreso de la República, gobernadores y alcaldes, para determinar si han existido irregularidades tanto en la asignación como en la ejecución de las partidas presupuestales para el desarrollo regional.

Cabe precisar que las partidas presupuestales para el desarrollo regional, contempladas en los numerales 1º y 2º de la Ley 628 de 2000, ajustadas al texto constitucional mediante Sentencia C-1168 de 2001, pueden provenir de peticiones propias de los integrantes del legislativo, pero bajo el entendido de que su ejecución está supeditada a la observancia de los principios de planeación y legalidad del gasto público, así como también a la contribución de las mismas para desarrollo armónico de las regiones mediante la distribución equitativa de los recursos destinados, lo cual significa que su utilización no puede constituirse como instrumentos de desvío de poder.

La Procuraduría General de la Nación formula un llamado a las autoridades y a la ciudadanía en general, para que ejerzan sus respectivos controles a efectos de evitar la indebida utilización de estos recursos y que no se conviertan en cuotas de negociación con fines políticos, sino que cumplan con su verdadero objetivo de cubrir necesidades insatisfechas de las poblaciones. Las partidas presupuestales para el desarrollo regional no se pueden utilizar o instrumentalizar para la corrupción.

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