La Asamblea Nacional de Ecuador ha rechazado hoy una propuesta para archivar el proyecto de ley de comunicación, que según la oposición viola la libertad de expresión, aunque el gobierno defiende que mejorará la calidad de la información.
La petición para archivar el proyecto ha sido rechazada por 64 votos contra 36 votos, mientras que abstuvieron 24 abstenciones de los 125 legisladores de la Asamblea.
A continuación el pleno ha aprobado, en cambio, una petición de que la norma sea votada artículo por artículo, con 63 votos a favor, 50 en contra y 11 abstenciones, con lo que se alargará el proceso de aprobación del proyecto que cuenta con 127 artículos y 20 disposiciones transitorias.
Antes de la votaciones, el legislador Mauro Andino, de la oficialista de Alianza País, y presidente de la Comisión de la Comunicación, había informado de los cambios en proyecto de ley tras recoger sugerencias de los asambleístas.
Uno de los puntos problemáticos de la ley es la creación de un ente regulador que controle los contenidos discriminatorios, racistas, sexuales y violentos de los medios de comunicación.
El presidente del país, Rafael Correa, asegura que ese órgano es necesario para mejorar la calidad de la información y mantiene que el proyecto de ley es “clave” para acabar con “la prensa corrupta”.
En cambio, para el representante del opositor movimiento de Concertación Nacional Democrática, César Montúfar, el proyecto es “antidemocrático” y tiene como objetivo entregar a Correa “el control de un Consejo de regulación para castigar a los medios de comunicación”.
En los últimos días la Alianza País ha intentado convencer a legisladores de otras grupos de apoyar la propuesta, ya que no cuenta con suficientes votos en solitario para aprobarla.
El grupo oficialista cuanta con 49 escaños, sumados los cuatro de Partido Socialista que votan siembre con ese bloque, pero no alcanza los 63 necesarios para aprobar el proyecto.
Otro de los puntos cuestionados del proyecto de ley es la redistribución del espacio radioeléctrico, pues los medios privados pasarán a tener el 33% de las frecuencias, los públicos otros 33% y los comunitarios un 34%