Ley del Montes: cinco preguntas pertinentes a los candidatos presidenciales

Por Oscar Montes

¿A cuánto asciende su patrimonio?, ¿cuál es su estado de salud?, ¿qué negocios tienen sus hijos?, ¿quiénes los financian? y ¿cuáles son los procesos judiciales pendientes? son algunos de los interrogantes que deben responder los aspirantes.

La no asistencia de los candidatos Juan Manuel Santos y Enrique Peñalosa a los debates a los que han sido invitados para que expresen sus opiniones acerca de los temas que interesan al país y –sobre todo– a sus potenciales electores, ha terminado por volver aún más monótona y aburrida la actual campaña presidencial. Los únicos que asisten puntuales y juiciosos a los eventos programados son Óscar Iván Zuluaga, Marta Lucía Ramírez y Clara López, quienes sí parecen entender que –a falta de la plaza pública, por razones de seguridad– el mejor escenario para persuadir a futuros votantes es su participación en este tipo de eventos, ya sean académicos o periodísticos.

Santos y Peñalosa obedecen a sus asesores, quienes les aconsejan no asistir a estas actividades para no exponerse a perder puntos en las encuestas, por cuenta de una respuesta imprudente o desafortunada.

Aunque, casi siempre las preguntas que surgen de los debates están dentro de los temas de actualidad que –se supone– todos los candidatos manejan y que tienen que ver con economía, relaciones internacionales, conflicto interno, salud, empleo y educación, fundamentalmente, lo cierto es que mientras el público no los escuche de viva voz haciendo sus planteamientos y expresando sus pensamientos sobre ellos, resulta muy difícil que los puedan convencer de las bondades de sus propuestas.

No todos los votantes se toman el trabajo de ingresar a las páginas web de cada uno de los aspirantes para conocer la letra menuda de sus programas, así como para analizar todas y cada una de sus iniciativas sobre los temas que les interesa.

Los debates son, pues, una herramienta útil para los aspirantes a la Presidencia de la República, quienes pueden aprovecharlos para despejar dudas sobre temas puntuales o hacer claridad sobre algunos asuntos que no están siendo bien transmitidos a los electores. En países como Estados Unidos y Francia, por ejemplo, buena parte de la suerte del ganador de la contienda se define en los debates a los que asisten los candidatos.

En el caso colombiano, un debate entre Horacio Serpa y Andrés Pastrana terminó favoreciendo a este último cuando –ante la pregunta de si estaría dispuesto a extraditar a Ernesto Samper– respondió de forma negativa, gesto que despejó las dudas que había sobre una posible “sed de venganza” de Pastrana contra Samper, luego del escándalo del proceso 8.000, desatado por el ingreso de dineros del cartel de Cali a la campaña liberal.

Los debates, además, sirven para dejar constancias históricas sobre promesas no cumplidas o compromisos adquiridos por el candidato, quien –una vez en la Casa de Nariño– se olvida de su ofrecimiento. En el caso de Santos, por ejemplo, el país recuerda su frase según la cual “escribiría sobre piedra” que en su gobierno no habría nuevos impuestos.

Además de ser irrespetuosos con sus electores y con sus colegas, la inasistencia a los debates por parte de algunos candidatos envía el mensaje de falta de preparación y hasta de una buena dosis de cobardía para responder en vivo y en directo las preguntas, tanto de periodistas como de estudiantes o expertos, sobre temas puntuales y coyunturales que necesitan de una intensa confrontación de ideas.

Mientras se llega la hora de que todos los aspirantes asistan a los debates para conocer sus posturas, creo pertinente hacerles algunas preguntas sobre temas que la opinión pública merece conocer, pues se trata –ni más ni menos– de quienes aspiran a la vuelta de unos pocos meses a estar al frente de los destinos de más de 40 millones de colombianos.

El ánimo del cuestionario es –por supuesto– constructivo y su intención no es otra que la de darle la mayor transparencia al debate presidencial. El mismo se hace extensivo a los aspirantes a la Vicepresidencia de la República, quien quedará al frente del Gobierno en caso de que el presidente llegue a faltar.

El expresidente Álvaro Uribe junto a sus hijos Tomás (izquierda) y Jerónimo (derecha).

1. ¿De qué consta su patrimonio económico y el de su unidad familiar?

La información acerca de los bienes de quien aspira a gobernar al país durante los próximos cuatro u ocho años debe ser pública y sobre ella no debe existir ningún tipo de restricción. No hay ninguna razón para que los colombianos no conozcan el patrimonio tanto de su presidente como de todos los que integran su unidad familiar, como ocurre con los gobernantes de buena parte de los países del mundo.

Gracias a una declaración patrimonial, los uruguayos descubrieron, por ejemplo, la modestísima condición económica de su presidente, José Mujica, y por carecer de ella, los argentinos no saben a cuánto asciende la fortuna de Cristina Fernández de Kirchner, hoy por hoy una de las personas más ricas de ese país.

La declaración de renta debe darse a conocer para generar una mayor confianza en los electores y darle mayor transparencia al debate. En Colombia se dice que el único presidente que salió más pobre de lo que entró fue Alberto Lleras Camargo, quien prohibió mediante decreto a todos los miembros de su familia contratar con el Estado.

Ese es el tipo de conducta que debe imperar en un país como Colombia, donde toda actuación de un funcionario público estará siempre bajo sospecha, mucho más si se trata del propio jefe del Estado o de sus familiares más cercanos, como hijos, hermanos o cónyuges.

2. ¿Cuál es su estado de salud actual? ¿Qué enfermedad padece o ha padecido? ¿Sufre de alguna enfermedad que, eventualmente, puede ser incapacitante para ejercer el cargo?

Se trata de otra información que debe ser conocida por todos los colombianos, quienes necesitan saber en qué condiciones físicas y mentales se encuentra la persona que aspira a gobernarlos en los próximos años.

Durante la campaña pasada, el tema relacionado con la salud de Antanas Mockus –ventilado públicamente por el propio candidato, luego de que trascendiera que sufría de párkinson– fue objeto de debates por parte de la opinión pública y también de sus contendores.

Pretender ocultar bienes y estado de salud de los aspirantes a la Presidencia no solo atenta contra la transparencia del debate electoral, sino que resulta discriminatorio con los miles de colombianos que todos los días deben someterse a exámenes médicos para ser admitidos en un cargo o deben entregar su declaración de renta para conocer el estado de sus finanzas.

Si ello ocurre con quienes aspiran a desempeñar un cargo en el sector público o privado, mucho más debería suceder con quienes pretenden ocupar el primer cargo de la Nación. La salud del futuro presidente o presidenta no es un asunto menor y por tanto debe ventilarse de cara al país.

Un caso de salud de un presidente que fue objeto de todo tipo de conjeturas y rumores fue el de Virgilio Barco, de quien se dijo que –por su mal estado de salud– el verdadero poder al final de su mandato fue ejercido por Gustavo Vasco y Germán Montoya.

3. ¿Cuántos hijos tiene usted, edades y ocupaciones?, ¿han tenido negocios con el Estado?, ¿cuál es su actividad económica?, ¿tienen inversiones particulares?

Si son mayores de edad y están dedicados a actividades comerciales, o son inversionistas privados, los llamados “hijos del Ejecutivo” terminan siendo un dolor de cabeza para su papá, quien se verá envuelto en todo tipo de escándalos y señalamientos.

El caso más reciente es el de Tomás y Jerónimo Uribe, quienes llegaron a la primera Presidencia de su papá siendo adolescentes y salieron –ocho años después– como prósperos empresarios, gracias a que –según su padre– se trataba de “jóvenes emprendedores muy exitosos”.

En alguna oportunidad un expresidente le aconsejó a un mandatario que se acababa de posesionar que por su bien y el del país lo mejor que podía hacer era enviar a sus hijos al extranjero para evitarse dolores de cabeza. Ser “hijos del Ejecutivo” o “hermanos del Ejecutivo” en un país como Colombia es contar no solo con información privilegiada que les permite “oler u olfatear” futuras inversiones rentables, sino también contar con la ventaja que les ofrece su privilegiada condición.

No hay ministro o jefe de Planeación que resista la llamada de un “hijo del Ejecutivo”, pues siempre partirá de la premisa de que detrás de la misma está la figura del padre o del hermano, quien no es otro que su jefe.

4. ¿Cómo se financia su campaña y quiénes son los mayores aportantes de la misma, con su debida identificación?

La identidad de quienes aportan recursos económicos a las campañas presidenciales sigue siendo uno de los grandes misterios de la política colombiana, hasta el punto de que casi todas terminan financiadas con “recursos propios”, aportes de amigos o mediante la celebración de “tómbolas bailables”. Por supuesto que esa falta de transparencia acerca de la procedencia de los recursos no solo atenta contra la credibilidad de la misma, sino que arroja un manto de dudas sobre su financiación.

En el caso de los grupos económicos es sabido que todos aportan a las diferentes campañas –en unas más que en otras– pero se requiere saber de qué manera son entregados los recursos, así como el total de la cuantía y su destinación. Qué grupos económicos aportan y cuánto dinero aportan es lo mínimo que el elector debe saber acerca de la financiación de su candidato para poder respaldarlo en las urnas.

Pero, además, sería muy bueno saber de boca de los candidatos, qué tipo de compromisos adquirió con quienes los financiaron y cuáles son sus intereses, porque, como se dice popularmente, “no hay almuerzo gratis”.

5. ¿Ha tenido o tiene procesos judiciales o administrativos contra usted, o de usted contra el Estado, así como contra personas naturales o jurídicas?

El mayor escándalo que debió soportar Virgilio Barco una vez elegido presidente en 1986 tuvo que ver con la demanda que su familia interpuso ante el Estado por negocios relacionados con la exploración y explotación petrolera en el Catatumbo, mediante la llamada “concesión Barco”, autorizada por el gobierno de Rafael Reyes en 1905 al general Virgilio Barco Martínez, quien a su vez vendió los derechos a multinacionales norteamericanas.

Aunque se trataba de un pleito viejo, la inmensa mayoría de los colombianos desconocía que la familia de quien acababan de elegir presidente tenía demandada a la Nación. El escándalo, en su momento, fue destapado por el candidato perdedor, Álvaro Gómez Hurtado.

Pero, además, los colombianos deben saber qué tipo de procesos cursan contra quienes aspiran a gobernarlos y cuáles son los argumentos de quienes defienden al candidato o candidata, mucho más si, como ocurre en la actualidad, todos los aspirantes han desempeñado cargos públicos, como ministerios, alcaldías y la Presidencia de la República.

POR:
ÓSCAR MONTES- @LEYDELMONTES

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