El proceso que se le adelanta en contra del exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra por supuestamente haber recibido 300 millones de pesos del cartel del Norte del Valle en el año 2003 seguirá adelantándose en un juzgado de la ciudad de Cali y no en Bogotá.
Así lo decidió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al negar la petición que el procesado le hizo a la Fiscalía General de la Nación por estimar que el proceso corría riesgo si seguía en la capital del Valle, esto por varios hechos que fueron documentados a través de interceptaciones telefónicas.
De acuerdo con la Fiscalía se evidenció que supuestamente “un exfiscal, ahora Procurador Delegado para la Vigilancia Electoral lo estaba ayudando con los trámites en esa dependencia”. O bien que “otro procurador, al parecer amigo del defensor, le colaboraría con una juez de ejecución de penas en lo referente a la ejecución de la sentencia, aun cuando se dice que la misma no aceptaría por el escándalo que se generaría”.
A pesar de no ahondar en estas denuncias, la Fiscalía sí reseñó que cuando se emitió la orden de captura en su contra, “un director del CTI” sabía de su existencia a pesar de la reserva de la información e incluso manifestó que él “trabajaría” mejor en su supuesta entrega.
Además, la Fiscalía argumentaba que el exsenador cuenta con amplios recursos económicos, gran apoyo entre la ciudadanía (que incluso podría convocar una turba), y recuerda que el dirigente político fue condenado por nexos con paras y que todo estos hechos podrían afectar el proceso y el orden público.
No obstante, la Corte Suprema de Justicia consideró que se trata de apreciaciones subjetivas carentes de respaldo probatorio, que no acaben en una solicitud como estas que se entiende como un mecanismo “residual y extremo”.
En ese sentido, la Corte señaló que la posibilidad de que se convoque a tres mil personas por parte de Martínez para presionar el caso no tiene valor probatorio pues este se encuentra preso en la cárcel La Picota de Bogotá.
Sobre la posibilidad de que les suceda algo a las personas que tendrán que declarar en el juicio, la Corte indicó que la Fiscalía “tampoco acompañó medio de convicción indicativo de que él o los demás intervinientes, presenten un riesgo más allá del ordinario, o hayan recibido amenazas con ocasión del proceso”.
Y sobre las supuestas ayudas que estaría recibiendo de parte de varios procuradores o de personal del CTI, la Corte estimó que “tampoco se aportan elementos probatorios por medio de los cuales demuestre que estas personas puedan ejercer algún tipo de coerción sobre el juez de Cali o puedan influir en su autonomía”.
En consecuencia el juicio contra Martínez Sinisterra seguirá en la capital del Valle del Cauca.
El proceso que actualmente se siguen contra Martínez Sinisterra está relacionado con el delito de enriquecimiento ilícito relacionado con 300 millones de pesos que habría recibido de la mano de Ariel Rodríguez, señalado de ser miembro del cartel del Norte del Valle.
Según la Fiscalía, para 2003 el cartel estaba era dirigido en ese momento por Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, con quien Martínez habría tenido alianzas políticas.
EL PAIS