«Buenaventura necesita más que Fuerza Pública»: Defensor del Pueblo

No solo con la intervención militar se solucionan los problemas de Buenaventura. También se necesita inversión social del Estado en ese puerto sobre el Pacífico colombiano, donde persiste una crítica situación humanitaria.

Así lo dijo el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, al intervenir en el debate de control político por la crisis de esa región del país, donde reconoció los esfuerzos del Gobierno Nacional para atender a esa población.

Otálora, no obstante, pidió que “se ejecuten los anuncios oficiales en materia de inversión social, asegurar una política pública sostenible, fortalecer el aparato judicial y mantener la presencia militar con énfasis en el componente preventivo”, pues reconoció la “grave crisis humanitaria en Buenaventura”.

El funcionario afirmó que no obstante la intervención de la Fuerza Pública, que incrementó los patrullajes con la asignación adicional de 380 policías y 400 infantes de marina, persisten las violaciones a los derechos humanos.

En ese sentido se refirió a las cinco muertes violentas que se produjeron durante la Semana Santa, las 65 situaciones de riesgo advertidas para la integridad de líderes sociales en esa ciudad y las presiones que siguen rondando a los padres de familia respecto al reclutamiento de sus hijos menores de edad por parte de los grupos armados ilegales.

Según la Defensoría, ese panorama obedece al “reacomodamiento” de bandas delincuenciales como ‘los Urabeños’ y ‘La Empresa’ ante la respuesta del Estado y la captura de 151 delincuentes.

Otálora Gómez respaldó el anuncio de inversión de 200 mil millones de pesos para Buenaventura, y creó una gerencia especial conformada por el Alto Consejero Presidencial para las Regiones, David Luna, y el Director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Gabriel Vallejo.

El Defensor del Pueblo reiteró que según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, desde el primero de enero y hasta el 14 de abril se habían presentado 63 homicidios en Buenaventura, incluidos 10 casos de desmembramiento. Las últimas muertes violentas se registraron en las comunas 11 y 12, donde al igual que en las comunas 2, 5 y 7 persiste el riesgo de reclutamiento de menores por parte de los grupos armados post-desmovilización.

Y recordó que durante 2013 fueron 35 las denuncias realizadas la presión de las organizaciones ilegales para el reclutamiento forzado de menores, la cual se suma a las restricciones de movilidad por cuenta de las llamadas ‘fronteras invisibles’ en barrios como San José, Muro Yusti, Pueblo Nuevo y la Galería Central.

A estos hechos hay que añadir situaciones muy recientes como las amenazas que el pasado 20 de abril se conocieron en contra de los líderes del Espacio Humanitario de Puente Nayero, en el barrio La Playita, y los miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, al parecer por parte de ‘Los Urabeños’.

En el debate, el jefe del organismo de protección de los derechos humanos recordó que su despacho ha formulado 21 pronunciamientos (incluidos los informes de riesgo y las seis notas de seguimiento emitidas respecto al panorama de derechos humanos en Buenaventura), y que próximamente la Defensoría del Pueblo establecerá una Casa de Derechos en Buenaventura para atender y acompañar a las comunidades en riesgo, al tiempo que fortalecerá la planta de defensores públicos y convocará para el mes de Mayo a una reunión con funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, a fin de elaborar un plan de acción que permita contrarrestar la creciente violencia contra las mujeres en el Puerto, donde el año pasado fueron asesinadas 13 de ellas.

COLPFRENSA

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