Pedirán nulidad en procesos contra exministros implicados en ‘Yidispolítica’

Bogotá.09 de abril_RAM_.En las próximas semanas, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tendrá que resolver tres acciones de nulidad presentadas por la defensa de los exministros de Protección Social, Diego Palacio y del Interior, Sabas Pretelt de la Vega, así como el exsecretario privado de Presidencia, Alberto Velásquez por el llamado proceso de la ‘Yidsipolítica’.
Según la defensa de los tres exaltos funcionarios gozan de fuero constitucional, hecho por el cual deben ser acusados formalmente por el Fiscal General y no por un delegado del ente investigador, rechazando el hecho de la reasignación hecha por Viviane Morales Hoyos.
Los tres son investigados por el delito de cohecho y en los próximos días serán por el fiscal Álvaro Osorio ante la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en el ofrecimiento de dádivas, notarias y otros favores a un grupo de congresistas para que apoyaran el proyecto que buscaba la reelección de Álvaro Uribe Vélez.
Es de precisar que diferentes situaciones procesales dilataron el trámite de estas investigaciones, entre ellas, los impedimentos del exfiscal Mario Iguarán Arana y del exvicefiscal Juan Carlos Forero Ramírez.
Además de la nulidad de la acusación contra el exministro Sabas Eduardo Pretelt de la Vega decretada por la Corte Suprema de Justicia y la nulidad del cierre de la investigación seguida contra el ex Ministro Diego Palacio Betancourt y otros, por falta de competencia del exvicefiscal Fernando Pareja Reinemer para adoptar dicha determinación.
El papel de Sabas Pretelt
Según la investigación que se adelanta desde 2007, fue Sabas Pretelt quien lideró una comisión del Ejecutivo encargada de hacer ofrecimientos extralegales a congresistas, a fin de conseguir el apoyo necesario para evitar que se hundiera el proyecto de acto legislativo que buscaba el aval para que Álvaro Uribe se presentara a las elecciones presidenciales de 2006 siendo jefe del Estado.
Aunque la iniciativa estaba a punto de claudicar por falta de respaldo en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, un sorpresivo apoyo de la entonces congresista Yidis Medina puso a salvo la iniciativa en junio de 2004, lo que significó la primera cuota de la reforma constitucional a través de la cual Uribe logró permanecer durante cuatro años más en la Presidencia de la República.
El representante Germán Navas Talero, a sabiendas de que el Partido Conservador, del cual hacía parte Medina, había decidido no apoyar el proyecto, consideró sospechoso el cambio de planes de la parlamentaria y elevó una queja formal ante la Procuraduría, alegando que había sido a través del ofrecimiento de dádivas por parte de emisarios del Gobierno que la legisladora había decidido darle el sí a la reelección a última hora.
La entonces representante a la Cámara negó haber recibido ofrecimientos en ese entonces y nada pudo probarse en primera instancia, pero una declaración suya ante medios de comunicación, ‘como seguro de vida’, en caso de que no le cumplieran con la materialización de los ofrecimientos, provocó que la verdad saliera a flote. La exparlamentaria, que admitió haber accedido a cambiar su voto por una Notaría, fue condenada, al lado de Iván Díaz Mateus, titular de la curul que ella ocupaba; y del también exrepresentante conservador Teodolindo Avendaño, que se ausentó de la audiencia definitiva para favorecer los objetivos pro reeleccionistas.
Así las cosas, la Fiscalía General de la Nación abrió investigación en contra del exministro Sabas Pretelt de la Vega, quien estando al frente de la Embajada de Colombia en Italia, fue acusado formalmente del delito de cohecho impropio, por considerar altamente probable que hubiera hecho ofrecimientos extralegales a Yidis Medina para sacar avante la iniciativa.
La Procuraduría, que en la primera parte de la investigación decidió absolver a los funcionarios del Ejecutivo que fueron objeto de las quejas disciplinarias de Navas Talero, terminó destituyendo e inhabilitando para el ejercicio de la función pública al exministro por 12 años, lo que provocó su renuncia al cargo de embajador patrio en Italia.

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