Contraloría suspendió investigaciones contra personas aforadas

Bogota.09 de abril_RAM_La contralora general de la República, en atención al fallo proferido por los conjueces del Consejo Superior de la Judicatura, suspendió los procesos contra funcionarios con fuero.
La determinación favorecerá a los exministros Andrés Felipe Arias, Andrés Uriel Gallego, Diego Palacio y Andrés Fernández, así como al exgobernador Luis Alfredo Ramos, entre otros funcionarios.
Según la Contraloría, investigar a personas con fuero «usurparía competencias al ejercer funciones de control fiscal y procesos a los siguientes servidores públicos: ministros, directores de departamentos administrativos, embajadores, gobernadores, procurador general, defensor del Pueblo».
Así las cosas, la contralora general de la República, Sandra Morelli Rico, ha dado orden a todos los funcionarios de la entidad de abstenerse de producir declaraciones sobre cualquier proceso que se adelante en la entidad en estos momentos y que tenga relación con los aforados constitucionales.

Este es el comunicado publicado por la Contraloría:

La Contraloría General de la República, en atención al fallo proferido por los conjueces sorteados por el Consejo Superior de la Judicatura, y conocido por la señora contralora general el día 30 de marzo, de parte del secretario de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, toda vez que a este despacho solo se emitió la orden de entrega inmediata de los expedientes contentivos de las investigaciones que por el concepto de incremento posiblemente irregular de la mesada pensional de nominados del Consejo Superior de la Judicatura, previa deliberación de su consejo directivo, decreta:

Suspensión de todas las actuaciones que se vienen adelantando por la Contraloría General de la República y que de una u otra manera puedan afectar a servidores públicos que gocen de fuero constitucional.

Lo anterior, en tanto se profiere providencia aclaratoria de la decisión, teniendo en cuenta que al tenor literal de la misma, se impone cesar toda actuación respecto de ministros, gobernadores, gerentes de institutos, embajadores congresistas, magistrados, generales de la República, pues de lo contrario estaría usurpando funciones jurisdiccionales.

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