El defensor de derechos humanos y representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, deploró que a sólo tres semanas de que la Corte Constitucional profirió el Auto 045/12 en el que le ordenó al Gobierno Nacional adoptar medidas urgentes para la protección de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó) en los procesos de restitución y retorno, haya sido asesinado uno de sus más importantes líderes, Manuel Ruiz.
Ruiz y su hijo menor de edad fueron desaparecidos por el grupo paramilitar Águilas Negras el pasado viernes 23 de marzo en Mutatá (Antioquia), y ayer la comunidad lo halló muerto cerca de ese municipio. El cuerpo del joven fue encontrado esta mañana. El día de su desaparición, el líder campesino debía acompañar a funcionarios del Gobierno en la realización del censo de los actuales ocupantes de las tierras que fueron despojadas. Sus familiares tuvieron que desplazarse sin que hasta el momento hayan recibido ayuda estatal.
«Ya es hora de que el Gobierno Nacional tome muy en serio los graves riesgos que corren estos representantes de las comunidades que están reclamando sus tierras en todo el país. Esta situación no da más espera, y no podemos acostumbrarnos a sumar muertos sin hacer algo al respecto», afirmó el congresista.
El representante Cepeda recalcó que «no bastan las medidas de protección, es prioritario establecer la responsabilidad de los empresarios y actuales ocupantes de las tierras, su connivencia con las estructuras paramilitares que se oponen a la restitución, y por supuesto, comenzar a combatirlos».
En el último año, Manuel Ruiz había solicitado protección en tres oportunidades sin obtener respuesta alguna. Según la Comisión Intereclesial Justicia y Paz, a la fecha existen otros 37 líderes amenazados en Curvaradó y Jiguamiandó que están en peligro de muerte si no se les brinda la protección necesaria.